La revelación de que la exalcaldesa de Playas de Rosarito y actual diputada federal por Morena, Araceli Brown Figueredo, habría encabezado lo que se perfila como un narcogobierno en el municipio fronterizo, no sorprendió al sector empresarial.
De acuerdo con Gustavo Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Playas de Rosarito, la comunidad llevaba años denunciando las irregularidades y solicitando que las autoridades estatales y la inteligencia militar intervinieran.
“Es algo que todos sabíamos que existía y pedíamos que se investigara. Ojalá se congelen cuentas y se llegue a fondo, porque ya un narco estado en México es insoportable”, declaró Torres.
Extorsiones y daños a ciudadanos y empresarios
Durante los dos periodos de Araceli Brown al frente del ayuntamiento, las extorsiones fueron constantes, afectando tanto a turistas como a residentes y empresarios. Según testimonios, el clima de inseguridad impactó especialmente a los desarrolladores inmobiliarios, quienes habrían sido presionados para entregar grandes sumas de dinero.
“Fue un daño tremendo. Era un pueblo de extorsiones, no solo a turistas, también a ciudadanos y empresarios. Fue un daño muy grave”, reiteró Torres.
Piden que investigación también se realice en México
Si bien Brown Figueredo ya fue incluida en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, la indignación ciudadana exige que también se realicen pesquisas en territorio mexicano.
Los rosaritenses y el sector empresarial consideran que no basta con la señalización internacional, sino que debe abrirse un expediente nacional para esclarecer cómo operó lo que llaman un “narco gobierno” en Rosarito.
“Esperemos que sí haya más investigación, así como vemos a nivel federal senadores y diputados involucrados, ojalá que siga”, añadió Torres.
Señalamientos por vínculos con el Cártel de Sinaloa
Uno de los episodios más cuestionados de la gestión de Brown fue su negativa a permitir la instalación de cámaras de seguridad estatales en las entradas y salidas de Rosarito, una decisión que ahora genera suspicacias.
La exalcaldesa ha sido señalada de favorecer a la facción de Los Mayos, grupo relacionado con el Cártel de Sinaloa, lo que explicaría ciertas decisiones que limitaron la vigilancia y transparencia en el municipio.
La ciudadanía de Rosarito no está dispuesta a conformarse con acusaciones mediáticas. El reclamo central es que las autoridades mexicanas investiguen a profundidad y, de confirmarse las denuncias, que la diputada federal de Morena enfrente consecuencias legales.
