El asesinato del contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar no solo dejó un hueco en las filas de la Marina, también destapó un caso de corrupción en aduanas mexicanas que hoy sigue bajo investigación. Antes de ser ejecutado, Guerrero presentó en junio de 2024 una denuncia que señalaba irregularidades graves: cargamentos de cocaína que se dejaron pasar y contrabando de mercancías con la complicidad de funcionarios y empresas privadas.
Los hechos habrían ocurrido mientras Horacio Duarte estuvo al frente de la Administración General de Aduanas del SAT y posteriormente de la Agencia Nacional de Aduanas de México, cargos que ocupó entre mayo de 2020 y octubre de 2022.
El caso Pantaco: cocaína disfrazada de colorante
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la aduana de Pantaco, Ciudad de México, el 30 de marzo de 2022. Ese día, Guerrero y su equipo detectaron un cargamento de 19 toneladas y media de supuesto colorante artificial.
Un perro entrenado alertó que en realidad se trataba de cocaína. Se iniciaron los trámites para entregar la droga al Ministerio Público, pero, según la denuncia, el caso fue manipulado:
“Se alteró el dictamen pericial, ya que se determinó la inexistencia de alguna sustancia ilícita”, señaló el marino. Incluso los análisis de laboratorio de la Agencia Nacional de Aduanas de México habrían sido modificados. Aunque los dictámenes coincidían con las frecuencias de la cocaína, el documento final concluía que “no era cocaína”.
Tras este hallazgo incómodo, al contraalmirante lo movieron de puesto.
Veracruz: otra puerta abierta al contrabando
El 2 de septiembre de 2022, Guerrero Alcántar fue designado como titular de la Aduana de Veracruz. Ahí descubrió otra irregularidad: un carril de exportación conocido como FAST, que debía agilizar el paso de mercancías certificadas, operaba de forma irregular.
Los cargamentos pasaban sin revisión de aduana ni sellos oficiales, con la ayuda de agencias aduanales, transportistas y navieras. En otras palabras, era la vía perfecta para el contrabando a gran escala.
La denuncia que lo puso en la mira
El contraalmirante documentó estas anomalías y las denunció. Poco después fue asesinado. Su muerte dejó abiertas varias líneas de investigación que hoy son clave para la Fiscalía General de la República.
El caso apunta a una red de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel, empresas privadas y estructuras criminales. Se espera que con el avance de las investigaciones salgan más nombres a la luz, en un escándalo que golpea de lleno a la llamada 4T.
