El amparo como salvavidas: Una herramienta clave para garantizar el acceso a la justicia

La salud en México es para unos cuantos, y la familia de Rosy lo experimentó en carne propia hace 7 años, cuando su hijo de 9 años fue diagnosticado con leucemia.

En pleno 2019 y con el desabasto de medicamentos oncológicos en México, la familia recurrió a un amparo para poder exigir tratamientos oportunos y completos para su hijo, ante un gobierno que solo sabía decir: “tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca”.

Luis Alberto Hernández, especialista en Derecho Procesal Constitucional, explica que el amparo es un mecanismo constitucional para las personas que se sienten agraviadas por un acto de autoridad que les causa un perjuicio en sus derechos fundamentales.

En palabras más sencillas, es una herramienta legal que permite a los ciudadanos defenderse cuando el Estado no cumple con sus obligaciones, como garantizar el acceso a la salud.

Rosy logró obtener un amparo que obligó al sector salud a suministrar las medicinas que su hijo necesitaba, y gracias a esta medida, el menor pudo continuar su tratamiento.

Pero a lo largo del sexenio pasado, la protesta de los padres de niños con cáncer se trasladó de las calles a los juzgados, tramitándose hasta más de 450 juicios en los últimos años para garantizar lo que el Estado por derecho debe cumplir: la salud.

“El amparo permite ordenarle a las autoridades, desde el Presidente de la República hasta los responsables de clínicas del IMSS o del INSABI, que suministren los medicamentos en un plazo de 24 a 48 horas para proteger la vida del paciente”, específicó Andrea Rocha, especialista en derecho.

Para solicitar un amparo se requiere reunir ciertos documentos esenciales:

• INE o identificación oficial del solicitante
• Documentos que acrediten la necesidad
• Definir la autoridad responsable que debe garantizar el derecho vulnerado.
• Estos pasos permiten que los tribunales puedan intervenir rápidamente y ordenar a las autoridades cumplir con sus obligaciones.

Actualmente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una reforma a la Ley de Amparo y a otras leyes secundarias. Según el Ejecutivo, la iniciativa busca hacer la justicia más rápida y expedita, pero ha generado preocupación entre expertos y organizaciones civiles.

La propuesta, que ya fue enviada al Senado de la República, toca el corazón del sistema de defensa de los ciudadanos frente a los actos de autoridad.

Críticos advierten que poner a las autoridades en el centro de la reforma podría limitar el acceso a la justicia, especialmente para colectivos vulnerables que dependen del amparo para proteger sus derechos.