¿De qué trata la reforma a la Ley de Amparo de Claudia Sheinbaum?

La reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobada en la Cámara de Diputados, busca modificar un pilar fundamental del sistema jurídico mexicano. En esencia, la reforma tiene como objetivo limitar el alcance del juicio de amparo, una herramienta legal utilizada por los ciudadanos para defenderse de los abusos de poder y de normas consideradas inconstitucionales.

La reforma establece cambios significativos que representan un retroceso en la protección de los derechos fundamentales. Los puntos clave son:

• Suspensión provisional: La reforma limita o elimina la posibilidad de obtener una suspensión provisional de un acto de autoridad. Esto significa que si un ciudadano considera que una acción gubernamental es arbitraria (como la clausura de un negocio o el congelamiento de cuentas), no podrá detenerla de inmediato mientras el juicio de amparo se resuelve, lo que podría tomar meses o años.
• Efectos del amparo: La reforma restringe los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma. En lugar de que el fallo beneficie a toda la sociedad, sus efectos se limitan a quienes presentaron un recurso individual. Esto, según la Coparmex, deja en estado de indefensión a millones de personas, especialmente a aquellas sin recursos para costear un abogado.

La reforma a la Ley de Amparo tendría un impacto directo en la vida de los ciudadanos al debilitar su capacidad para proteger sus derechos. Estas son algunas de las afectaciones directas que afectarían a la población:

• Poder sin contrapesos: La reforma podría dejar a las autoridades la libertad de “hacer y deshacer a su antojo”, ya que el amparo, al perder su efectividad para suspender actos arbitrarios, se convierte en un simple adorno.
• Justicia para unos pocos: Al limitar los beneficios del amparo solo a quienes lo promueven individualmente, la reforma rompe con el principio de equidad. Se crea una “justicia” para quienes tienen capacidad económica para litigar, mientras los más vulnerables quedan desprotegidos ante leyes o actos injustos.
• Daños irreversibles: Se argumenta que, sin las suspensiones provisionales, los ciudadanos podrían sufrir daños irreparables. Por ejemplo, un negocio clausurado injustamente podría quebrar antes de que el juicio de amparo se resuelva a su favor.

Además de dejar desprotegidos a los ciudadanos, el dictamen también introduce cambios que afectan la independencia del Poder Judicial, como la eliminación del sistema de salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reducción del número de votos requeridos para declarar la inconstitucionalidad de una norma. Esto, según sus opositores, podría hacer que las decisiones judiciales respondan a intereses políticos en lugar de apegarse estrictamente a la Constitución, poniendo en riesgo la certeza jurídica del país.