El eco de las balas y los gritos de “¡Queremos justicia!” volvieron a escucharse en Michoacán. No son solo manifestaciones, son expresiones de un pueblo cansado de la impunidad, la corrupción y la violencia que desde hace años han marcado a la entidad.
En las últimas semanas, los asesinatos del activista y alcalde Carlos Manzo, el productor limonero Bernardo Bravo y el recordado Hipólito Mora —símbolos de la lucha civil contra el crimen— volvieron a encender la indignación. Sus muertes, aseguran familiares y compañeros, pudieron evitarse si las autoridades hubieran actuado.
“Si desde que mataron a mi hermano hubieran detenido a los responsables, a lo mejor Bernardo estaría vivo”, dijo Guadalupe Mora, activista y hermana de Hipólito Mora.
Una lista que crece: siete alcaldes y dos activistas asesinados en Michoacán
La cifra duele y sigue creciendo. Desde 2022, en Michoacán han sido asesinados siete presidentes municipales y al menos dos activistas. A pesar de los discursos oficiales, la realidad es que los crímenes siguen impunes y los agresores continúan operando con libertad.
“Las mismas declaraciones que dieron cuando mataron a Hipólito Mora las repiten ahora. Dicen que investigarán, que no habrá impunidad, pero no pasa nada”, denunció el diputado Guillermo Valencia, del PRI. El problema, aseguran pobladores y especialistas, es la ausencia del Estado en zonas donde el crimen organizado impone su ley, define precios de productos agrícolas y mantiene bajo amenaza a quienes se atreven a alzar la voz.
Michoacán, atrapado entre balas e indiferencia
Los números son claros: más de 22 mil 500 homicidios dolosos se han registrado en Michoacán desde 2006. De ellos, 13 mil 400 han ocurrido durante el actual sexenio, según cifras oficiales.
El panorama es desolador: comunidades enteras desplazadas, familias enlutadas y un gobierno que promete, pero no actúa. Las víctimas no son solo alcaldes o activistas; también hay campesinos, comerciantes, mujeres y niños atrapados en medio de una guerra que parece no tener fin.
En tanto, la ciudadanía sigue organizándose como puede, marchando, exigiendo y reclamando algo que debería ser un derecho básico: vivir sin miedo.
