Del pluralismo a la imposición: el verdadero rostro de la Agencia de Transformación Digital
La comunidad nacional e internacional observa con atención, pues esta ley podría sentar un precedente preocupante en materia de libertades de expresión
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de modificar un artículo de la llamada “Ley Censura” no logra disipar las inquietudes que esta legislación genera entre expertos, periodistas y defensores de los derechos humanos.
Aun cuando se realicen ajustes parciales, la esencia autoritaria que se percibe en la regulación permanece intacta. La libertad de expresión, un derecho fundamental e innegociable, no puede someterse a concesiones que abran la puerta a la censura.
La Agencia de Transformación Digital: un súper órgano de control
Uno de los elementos más polémicos de esta ley es la creación de la “Agencia de Transformación Digital”, que en los hechos se convertiría en el máximo órgano regulador del sector audiovisual y digital.
Este ente tendría facultades extraordinarias para vigilar, controlar y censurar contenidos difundidos en medios electrónicos. La preocupación radica en el grado de concentración de poder que se otorga a esta agencia, prácticamente en manos de una sola persona, eliminando la colegialidad y autonomía que deberían caracterizar a un organismo regulador.
Según Miguel Ángel Monraz Ibarra, presidente de la Comisión de Radio y TV en la Cámara de Diputados, esta transformación implica el riesgo de coartar derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a elegir qué ver y escuchar. Peor aún, la ley faculta a la Agencia para retirar frecuencias del espectro radioeléctrico y revocar concesiones a la primera falta, sin el debido proceso o reglas claras.
Artículos que ponen en riesgo derechos constitucionales
La ley otorga a la Agencia poderes de suspensión de transmisiones sin previo aviso y elimina la autorregulación que los medios ejercen sobre el contenido que ofrecen.
Para expertos legales como Regina de los Ángeles Ojeda, estas “cláusulas abiertas” resultan anticonstitucionales al carecer de criterios claros para imponer sanciones, y concentran facultades que deberían estar reguladas por autoridades de competencia.
Además, la saturación de supervisión visual que se pretende imponer, obligando a los medios a señalar cuándo un programa es de opinión o información, amenaza la libertad editorial y la calidad de los contenidos, con la intención implícita de controlar y censurar voces disidentes.
Rubén Moreira, coordinador de diputados, ha señalado que esta norma busca “bajarle el switch” a periodistas y ciudadanos críticos.
