La administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, enfrenta una nueva oleada de críticas tras revelarse que el Departamento de Seguridad Nacional canceló miles de registros migratorios de estudiantes internacionales, algunos de ellos con simples antecedentes menores o errores administrativos. Este hecho ha provocado al menos un centenar de demandas legales y el inicio de investigaciones judiciales por parte de múltiples jueces federales.
Miles de estudiantes quedaron en limbo legal
Según declaraciones oficiales, entre 10 y 20 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional revisaron los nombres de 1.3 millones de estudiantes registrados en el sistema SEVIS —la plataforma que las escuelas utilizan para verificar el estatus migratorio de estudiantes extranjeros—, cruzándolos con datos del Centro Nacional de Información Criminal, que contiene interacciones con las fuerzas del orden, incluso aquellas que no derivaron en cargos penales.
Este proceso automatizado provocó que estudiantes con multas de tránsito, cargos desestimados o incluso arrestos sin consecuencias judiciales vieran cancelados sus registros SEVIS, lo que generó avisos de alerta a las universidades. Las instituciones instruyeron erróneamente a los afectados a no asistir a clases ni a sus empleos en campus, poniéndolos así fuera de estatus legal, situación que puede llevar a la deportación inmediata.
@aztecanoticias El otro lado del tráfico de #migrantes No solo cruzan la frontera, también los esperan del otro lado. Un reportaje de CBS News revela cómo ciudadanos estadounidenses facilitan el tráfico de personas dentro de #EU Conductores locales ayudan a evadir retenes y llevar migrantes a casas de #seguridad. Sin ellos, la red de trata no operaría igual. Una nota de @Rodrigo Lema en #Hechos con Javier Alatorre #AztecaNoticias #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias
Jueza critica actuar del gobierno de Trump contra estudiantes
Durante una audiencia en Washington D.C., la jueza federal Ana Reyes criticó duramente al Gobierno por actuar sin coordinación con las universidades ni explicar el verdadero propósito de las cancelaciones. En el caso de Akshar Patel, un estudiante próximo a graduarse afectado por un cargo menor ya desestimado, Reyes cuestionó cómo un cruce de nombres pudo desencadenar la revocación automática del estatus migratorio.
“Usted y yo sabemos que el Sr. Patel no es un criminal”, dijo Reyes al funcionario Andre Watson, quien compareció en persona tras múltiples solicitudes ignoradas por el Departamento de Justicia.
Watson admitió que no existió ningún aviso formal a las escuelas, y que los registros fueron etiquetados con motivos ambiguos, como “antecedentes penales” o “incumplimiento de requisitos migratorios”, sin ningún contexto adicional.
Gobierno promete revertir las cancelaciones, pero las consecuencias siguen
A pesar de que el Gobierno anunció el restablecimiento de los registros SEVIS afectados, la polémica persiste. Los estudiantes deben ahora enfrentar gastos legales y lidiar con consecuencias académicas y laborales. Las acciones del Departamento de Seguridad Nacional han sido calificadas por expertos en migración como una violación del debido proceso, que pone en riesgo la confianza internacional en el sistema educativo estadounidense.
