La prosperidad de un negocio familiar de tenis exclusivos en Puebla se encuentra al borde del colapso. Francisco Escoto y Brett Zavala, emprendedores con siete años de éxito, denuncian ser víctimas de lo que califican como “operativos abusivos” por parte de funcionarios de la Dirección de Comercio Exterior (CE). El 4 de junio, su tienda fue vaciada de mercancía en un proceso lleno de irregularidades que ha sumido a los empresarios en la incertidumbre.
Francisco y Brett, conocidos por ser “revendedores de tenis exclusivos”, vieron cómo su emprendimiento de años se desmoronaba. Narran que funcionarios de Comercio Exterior se presentaron en su negocio con una notificación para “realizar una revisión de mercancías y comprobar su legal estancia”. Sin embargo, lo que siguió distó mucho de ser un procedimiento estándar.
Dos empresarios en #Puebla denunciaron que autoridades de Comercio Exterior, durante un embargo precautorio, decomisaron mil 254 productos de su tienda de sneakers.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 21, 2025
Sin embargo, las autoridades reportaron a #FIA solo 823 piezas y los acusaron de vender cigarros electrónicos,… pic.twitter.com/ImQ8L2wM8W
Los empresarios relatan que se desplegó un “fuerte operativo” afuera de su local, impidiéndoles el acceso. La diligencia fue atendida por una empleada, quien mostró las facturas correspondientes a cada uno de los productos solicitados, demostrando la legalidad de la mercancía.
De la revisión al embargo: Irregularidades documentadas
A pesar de la presentación de la documentación, Francisco Escoto relata un giro inesperado: “Revisaron como 3 o 4 pares a lo mucho... Y de ahí salieron, me dijeron que por órdenes de arriba tenían que detener la diligencia y la revisión... Y que se los tenían que llevar todos”.
Los emprendedores quedaron en shock al presenciar el embargo precautorio de mil 254 productos de su tienda. Lo más preocupante es la discrepancia en las cifras oficiales: mientras ellos registraron mil 254 piezas, el reporte oficial del decomiso fue de mil 074, y una tarjeta informativa otorgada a Fuerza Informativa Azteca reportó solo 823. Esta variación es una de las primeras banderas rojas de un proceso viciado.
Desesperados, Francisco y Brett tramitaron un amparo y descubrieron que el acta de la diligencia contenía “hechos que nunca sucedieron”. Entre las anomalías más flagrantes, se plasmó el presunto decomiso de cigarrillos electrónicos, artículos que no forman parte del inventario de su tienda. Brett Zavala, con grabaciones de circuito cerrado en tiempo real, desmiente categóricamente: “En las grabaciones se ve cómo están absolutamente todo y en ningún momento se ve explícitamente que hay algún producto de este tipo”.
Las grabaciones también contradicen otras afirmaciones de las autoridades, como supuestos “comportamientos hostiles” por parte de su empleada, que se habría opuesto a la diligencia, la habría abandonado, o no habría señalado una dirección para recibir notificaciones. Brett insiste: “En esa acta ellos están diciendo que nosotros nos opusimos a la revisión, que no mostramos documentación en ningún momento, que nos mostramos hostiles… Ellos también estaban diciendo, en el mismo documento dicen, que se revisó el inventario en las instalaciones de la tienda y que en algún momento se estaba llevando a cabo el inventario, lo cual tampoco sucedió". Además, advierten que nunca recibieron un acta provisional informándoles de lo incautado.
La incertidumbre y el temor a un “Modus Operandi”
Ante estas graves irregularidades, se solicitó una entrevista presencial con la autoridad competente, pero solo se obtuvo una tarjeta informativa que reitera los mismos señalamientos que los empresarios desmienten con sus propios videos. La autoridad argumenta que tiene un plazo de cuatro meses para emitir una resolución, sin garantía de devolución de los artículos.
Mientras tanto, Francisco y Brett enfrentan una situación económica crítica: “Es una incertidumbre que he estado viviendo desde el 4 de junio”, lamenta Francisco. Continúan pagando la renta de un local vacío, los sueldos de sus tres empleados, sus cuotas al IMSS y los impuestos locales.
Su mayor temor es que este tipo de operativos no sean casos aislados, sino un “modus operandi” en contra de los pequeños empresarios que generan empleo. Brett Zavala revela: “Hemos recibido información de muchas personas que nos argumentan que están en una situación similar”. Este testimonio sugiere un patrón preocupante de abuso de autoridad que podría estar afectando a otros emprendedores en la región.