Geolocalización total y datos biométricos; Así se configura el “Estado Espía” en México
México está a un paso de consolidar un “Estado Espía” con 16 nuevas leyes que demandarán sus datos biométricos y permitirán la geolocalización casi sin restricciones.
México se encuentra ante un momento crucial en materia de privacidad y derechos ciudadanos. Un paquete de 16 leyes que configuran el denominado “Estado Espía” está a punto de ser una realidad una vez que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Estas reformas plantean un escenario de control sin precedentes, generando preocupación entre especialistas y la ciudadanía.
Clave única y recolección masiva de datos biométricos
Una de las propuestas más controvertidas es la exigencia inminente de que los ciudadanos mexicanos proporcionen todos sus datos biométricos para la creación de una nueva Clave Única. Esta clave, en la práctica, sustituirá a la credencial del INE como identificación oficial.
Las implicaciones son profundas. Con solo teclear la CURP, el gobierno podría acceder a un vasto historial de información personal: “dónde estuviste, qué compraste, dónde te hospedaste, a dónde viajaste”. Esto representa una centralización masiva de datos que, para muchos, es un paso preocupante hacia la vigilancia estatal total.
Otro punto álgido es la facultad que se otorgaría a la Guardia Nacional para obtener la geolocalización de cualquier ciudadano con el “visto bueno” de un fiscal. Esta medida choca directamente con precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el pasado, la Corte dictaminó que la autorización judicial para la geolocalización solo era permisible en investigaciones de delitos graves como secuestro, delincuencia organizada y narcotráfico. La ampliación de esta facultad, sin un control judicial estricto, abre la puerta a posibles abusos y a una erosión de las garantías individuales.
El amparo bajo amenaza: ¿Justicia cooptada?
Ante este panorama, la vía del amparo se presenta como el principal recurso para los ciudadanos afectados. Sin embargo, expertos alertan sobre la posibilidad de que el Poder Judicial esté “cooptado” por los mismos actores que impulsan estas leyes.
“Estamos ante el secuestro institucionalizado de la impartición de justicia”, señalan voces críticas, argumentando que los sistemas de justicia penal son “cada vez más opacos” debido a un supuesto “amiguismo” y “sincretismo” entre el partido en el poder y los designados en puestos clave. La preocupación es que, incluso si la constitucionalidad de la geolocalización llega a la Corte, las posibilidades de un cambio significativo sean mínimas.
La centralización de información sensible genera una preocupación adicional: la seguridad de los datos. "¿Cuánto van a tardar los grupos delictivos en corromper a un funcionario o en hackear todo el sistema con toda nuestra información, exponiéndonos a la extorsión?”, se cuestionan los especialistas.
Este nuevo marco legal, según sus detractores, “ha roto cualquier equilibrio y contrapeso del poder”. La sensación es que los ciudadanos se encuentran vulnerables, incluso en la búsqueda de amparo, frente a un sistema judicial que perciben como comprometido.
