Vigilancia o Justicia: La controversial reforma a la Ley de Personas Desaparecidas
La propuesta de reforma para la Ley de Personas Desaparecidas genera un rechazo masivo por su potencial riesgo a la privacidad ciudadana. ¿Es un avance o una amenaza a nuestros derechos?
La crisis de personas desaparecidas en México es una herida abierta y latente. En Fuerza Informativa Azteca (FIA), hemos sido testigos del inmenso dolor con el que han cargado por años las madres y esposas buscadoras en nuestro país.
“Que hagan justicia para nuestros hijos, ¿a dónde están?, por favor, porque somos humanos, son personas, no entienden el dolor de una madre, porque nunca les ha sucedido a ellos”, expresa con el corazón en la mano Alma Gricela Nieto, una madre buscadora que clama por verdad y justicia.
Este dolor tiene rostros, nombres y apellidos. Y lo que menos desean las víctimas es que su lacerante sufrimiento sea usado como un instrumento político o como pretexto para un aparato de control del Estado.
Reforma en materia de personas desaparecidas: ¿Control o justicia?
En un giro preocupante, familiares de personas desaparecidas en México han levantado la voz y se han manifestado enérgicamente para rechazar la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas. La preocupación es palpable y el mensaje es claro: “La iniciativa no atiende la crisis en materia de desaparición y tiene como objeto imponer un sistema de vigilancia masiva”, así lo afirma contundentemente una carta firmada por más de 300 colectivos y personas buscadoras, que evidencia una profunda desconfianza en la propuesta legislativa.
La indignación surge de la percepción de que la reforma no busca fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización ni garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas. En cambio, su principal apuesta es la creación de la Plataforma Única de Identidad, una herramienta que, según advierten especialistas en ciberseguridad y protección de datos, presenta graves riesgos para los derechos de cualquier ciudadano.
La Plataforma Única de Identidad: Un riesgo para la privacidad ciudadana
Expertos consultados han expresado serias reservas sobre la implementación de esta plataforma, especialmente en un contexto donde los contrapesos institucionales parecen debilitarse. “Hoy el ejecutivo, el legislativo y el judicial, predominan cerca del 70% en un solo poder, o en un solo partido…", señala Héctor Romero, consultor en seguridad de la información. La pregunta es inquietante: "¿Quién va a ser el responsable de cubrir todos esos datos, de blindar todos esos datos?”.
La preocupación por la privacidad no es menor. Gigi Agassini, consultora internacional en ciberseguridad, advierte que: “Nadie sabe lo que está aceptando, en proyectos de esta magnitud que van a colectar datos sensibles y sobre todo me parece que una de las cosas más relevantes es la transparencia”. La colecta de datos sensibles a gran escala sin la debida supervisión y rendición de cuentas es una bandera roja para los defensores de los derechos digitales.
La ausencia de contrapesos efectivos es un tema recurrente en las voces de los expertos. “No puedes ser juez y parte, tiene que haber un tercero que te audite…", enfatiza Agassini, subrayando la necesidad de una supervisión independiente que garantice la integridad y el uso ético de la información.
Jersaín Llamas, consultor en ciberseguridad y privacidad, refuerza esta postura: “No es una lucha que se tiene que perder, la privacidad es poder y uno tiene que ejercer ese derecho a no ser molestado, a no ser vigilado”. La defensa de la privacidad individual se vuelve crucial frente a iniciativas que podrían abrir la puerta a la vigilancia masiva sin justificación clara o salvaguardas robustas.
