La Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la Ley en materia de Desaparición Forzada, una reforma impulsada por Morena y sus aliados que se encuentra en el ojo del huracán.
Con 438 votos a favor y 38 en contra, el pleno del Palacio de San Lázaro dio luz verde a esta reforma en lo general que pretende una posible vigilancia masiva de los ciudadanos, en un intento por vincular la búsqueda de personas desaparecidas con la recopilación de datos personales.
Mientras que en lo particular se aprobó con 417 votos a favor, 60 en contra y 0 abstenciones; la discusión se dio tras varias horas en la Cámara.
#IMPORTANTE | Con 438 votos y 38 en contra, los diputados avalan la Ley de Desaparicion de Personas.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/DVbLYHlBoF
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 1, 2025
De manera simultánea, también se sometió a votación la Ley General de Población, que fue aprobada con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones.
¿Qué implica la Ley en materia de desaparición forzada?
El punto neurálgico de la polémica sobre la reciente reforma a la Ley en materia de desaparición forzada radica en la creación de una Plataforma Única de Identidad, que estará ligada directamente a la CURP biométrica.
Esta iniciativa genera alarma entre críticos y expertos en derechos digitales, quienes advierten que la plataforma podría convertirse en una herramienta de vigilancia masiva.
De acuerdo con las preocupaciones expresadas, esta plataforma permitiría al gobierno acceder y gestionar los datos personales de prácticamente toda la población mexicana. Al consolidar información biométrica y otros datos sensibles en un solo sistema, se abriría la puerta a un control y monitoreo sin precedentes.
#Morena y aliados aprobaron sin pasar por comisiones tres reformas que fortalecen el poder del gobierno, destacando la Ley Antilavado que amplía las "actividades vulnerables" y pone bajo sospecha a ciudadanos y empresas por gastos con tarjeta, criptomonedas o donativos.… pic.twitter.com/UVRR4eEQ1b
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Acceso a datos sin restricciones claras
Lo más preocupante para los críticos es que la reforma facultaría al gobierno para solicitar información de los ciudadanos a una amplia variedad de instituciones, tanto públicas como privadas, sin aparentes límites ni mecanismos efectivos de supervisión.
Entre las entidades involucradas se mencionan el Instituto Nacional Electoral (INE), bancos, escuelas, clínicas de salud y estaciones migratorias, entre otras.
