Actualmente, son treinta y cuatro los países que otorgan de forma automática la nacionalidad a cualquier individuo nacido en su territorio. El presidente Donald Trump quiere eliminar a Estados Unidos de la lista, pero no lo ha conseguido de manera instantánea como con otras órdenes ejecutivas.
Por tercera ocasión desde que firmó la orden ejecutiva que negaría la ciudadanía a todo individuo nacido en Estados Unidos después del 19 de febrero, hijo de migrantes indocumentados o residentes temporales, un juez federal bloqueó el mandamiento del presidente Trump.
En Estados Unidos, como en muchos países de América, se construyó un Estado nación con lo que alguna vez fue una colonia. Con el objetivo de simplificar el control y la
gobernanza, se dictaminó a qué personas estratégicamente se les otorgaría la nacionalidad, esclavos liberados y sus descendientes, poblaciones indígenas y migrantes europeos; de no hacerlo, los dos primeros permanecerían en condición de apátridas. Este derecho a la ciudadanía estadounidense no es un reciente agregado de la agenda Woke ni de los
demócratas, está respaldado por la 14a Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, que dicta que todo individuo, a excepción de hijos de diplomáticos extranjeros o soldados de ejércitos enemigos o invasores, es ciudadano estadounidense desde el momento de su nacimiento en el territorio.
¿Cuál es la diferencia entre Ius Soli e Ius Sanguinis?
Ius soli es el derecho del suelo, asociando la identidad al lugar donde uno nace, porque ahí se encuentran los padres al momento del nacimiento. La diferencia con la ideología de ius sanguinis es que esta dicta que la identidad nacional se hereda de los padres. En casi todos los países de Europa y en todo Asia, a excepción de Pakistán y Nepal, es necesario ser hijo de un ciudadano para tener la nacionalidad al nacer. De nacer en Estados Unidos, los hijos de migrantes indocumentados, una vez efectiva la orden del presidente, serían apátridas hasta que se regularice la situación de sus padres o sean deportados de vuelta a sus países de origen y ahí puedan ser registrados como ciudadanos.
Ante las leyes mexicanas, son ciudadanos, los hijos de cualquier mexicano, aunque nazcan en el extranjero, y también cualquier persona nacida en territorio mexicano; sin duda, una generosa y humanitaria condición para migrantes y refugiados.
En el medievo se utilizaba el derecho de suelo para evitar que existiera población apátrida, no fue hasta el Código Civil Francés durante el mandato de Napoleón que se estableció que la forma de obtener la ciudadanía francesa era por herencia. Aunque Napoleón en realidad estaba a favor de la continuidad nacional y mantener vivo el espíritu revolucionario, el jurista François Denis Tronchet quien colaboró a redactar el Código Civil, convenció al emperador de instaurar el principio de Ius Sanguinis fundamentándose en que no pueden tener los mismos derechos como ciudadanos el hijo de padres franceses que el de extranjeros.
Tenemos en cara evidencia de la importancia de la división de poderes que ponderen las decisiones del mandatario. Aunque el presidente firme una orden, si ésta es anticonstitucional y amenaza los derechos humanos que se han defendido durante siglos, mostraría un endeble Estado de derecho el cumplimiento ineludible de dicho precepto presidencial. Si en México sucediera algo similar, ¿podríamos esperar de los jueces de tómbola que desafíen al ejecutivo si firman un decreto anticonstitucional?
