Primero lo obvio... La campaña presidencial de Donald Trump en el 2024 se centró en discursos contra la inmigración indocumentada, incluso con términos ofensivos, por una muy buena razón, eso le daría enorme fuerza política.
Solo recuerde usted, su aparición en un rally para recaudar fondos de campaña, en el Madison Square Garden en Nueva York, a fines de octubre de 2024, Trump entonces sentenció:
... “El primer día lanzaré el mayor programa de deportación de criminales de la historia de Estados Unidos”...
El Madison, vibro con aplausos. Yo me envié una nota a mí mismo, que aún conservo y que dice ... “No te olvides que esto es lo que la mayoría de los estadounidenses quieren”
Avancemos tres meses, y hoy vemos al presidente Trump re-lanzando una campaña en todos los frentes en contra de los inmigrantes indocumentados, y lo vemos llevándola al mayor extremo; el de usar a las fuerzas armadas, para evitar que crucen de México a Estados Unidos.
No pierda usted de vista que nadie ha demostrado que los inmigrantes sin documentos representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Trump lo primero que hizo fue firmar un decreto, declarando una emergencia nacional en la frontera sur. Ahora ya vimos porque lo hizo; porque eso era necesario para desplegar a las tropas.
Todos vimos con enorme sorpresa como para repatriar a indocumentados, Trump usó a los enormes aerotransportes militares, a costos considerablemente mayores que si hubiera fletado aviones con las aerolíneas comerciales.
¿Por qué lo hizo? Por dos razones. Por el impacto propagandístico, y para que no haya duda de que él es quien tiene el mando del país en las manos.
Trump obviamente está convencido que involucrar a las fuerzas armadas disuadirá a más gente del mundo entero de siquiera intentar entrar sin documentos a Estados Unidos.
Trump está ignorando a propósito, que en noviembre pasado la gente lo eligió presidente, no lo eligió Rey.
Las cortes de Justicia le van a recordar al presidente que constitucionalmente tiene límites. Y eso ya empezó a ocurrir. Un Juez del estado de Washington ya freno su intento de quitar la nacionalidad a los hijos de personas sin calidad migratoria.
Además de lo anterior, con el uso indiscriminado de militares en funciones internas de inmigración, el presidente ya levantó una enorme cantidad de preocupaciones sobre el impacto que esta acción tendrá, en una nación libre y democrática. Y como esta acción dañaría las libertades civiles de la gente y podría hacer caer al gobierno estadounidense en cometer errores y hasta violaciones de los derechos civiles en sus procesos de deportación.
Todas estas acciones nunca han sido puestas en práctica por una buena razón. Nunca ha existido una buena razón para suspender los derechos civiles de la gente que está presente en Estados Unidos, ya sea legal o ilegalmente.
Después de ganar la presidencia, Trump sugirió en una publicación del 18 de noviembre en su sitio de redes sociales, “Truth Social” que él podría utilizar al ejército estadounidense para lograr su objetivo al declarar una emergencia nacional.
Varios académicos de las escuelas de derechos de Estados Unidos han estudiado la compleja intersección del poder ejecutivo y la aplicación de la ley de inmigración. Esa investigación sugiere que Trump puede tener cierta autoridad legal para desplegar fuerzas armadas para asegurar la frontera.
Sin embargo, hay muchos obstáculos, tanto prácticos como constitucionales, que harán que esté despliegue militar no esté exento de problemas y crisis no previstas hoy.
Conclusión; la legalidad depende, no solo de si se utiliza a las fuerzas militares, sino también de cómo se usa a la fuerza militar.
La razón es la ley Posse Comitatus
La Ley “Posse Comitatus”, prohíbe, en general, el uso de las fuerzas armadas federales para hacer cumplir las leyes nacionales.
El Título 10 del Código de los Estados Unidos especifica que las fuerzas armadas pueden “entrenar y asesorar a las agencias civiles encargadas de hacer cumplir la ley” y brindar otros tipos de apoyo, pero no participar como fuerzas del orden en actividades que corresponden a las policías.
En la práctica, las fuerzas armadas podrían brindar asesoramiento y capacitación especializados a los funcionarios de inmigración y otras entidades encargadas de hacer cumplir la ley, y hasta prestarles equipo, pero nada más.
No me malentienda; Donald Trump siendo presidente de Estados Unidos puede desplegar las fuerzas armadas en la frontera entre Estados Unidos y México para apoyar los esfuerzos de control fronterizo, pero ni el Ejército, ni la marina de guerra, los infantes de marina o las Fuerzas Aérea y aeroespacial podrían ejecutar la ley civil, como arrestos, registros o incautaciones.
Cómo se puede utilizar a las fuerzas armadas en la frontera
En tiempos de paz, las fuerzas armadas pueden brindar apoyo a las agencias civiles de aplicación de la ley en la frontera, dándoles apoyo logístico y proporcionando por ejemplo transporte, equipo e infraestructura.
Algo más que las fuerzas armadas pueden hacer es recopilar inteligencia: compartir información y datos de vigilancia.
Pueden también dar capacitación y asesoramiento. Podrían también construir barreras y otra infraestructura.
Situación actual
A partir de enero de 2025, el Presidente Trump ordenó el despliegue de 1.500 tropas en servicio activo en la frontera entre Estados Unidos y México. Se espera que estas tropas brinden principalmente apoyo logístico y ayuden con la construcción, en la Casa Blanca se dice que hay intención de habilitar hasta a 10 mil tropas, si hubiera rebelión de los detenidos en rumbo a ser deportados.
Sin embargo, Trump también ha ordenado a su administración que explore la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, que podría cambiar el papel de las fuerzas armadas en la frontera.
Una enmienda de 1996 a la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite al gobierno federal designar a agentes de seguridad estatales y locales para que desempeñen ciertas funciones de inmigración. Sin embargo, no se puede obligar a las agencias locales encargadas de hacer cumplir la ley, a participar en lo que son tareas federales.
Cualquier esfuerzo de deportación masiva enfrentaría enormes desafíos legales prácticos.
El Consejo Americano de Inmigración, una organización sin fines de lucro, estima que hay 13 millones de personas en los Estados Unidos sin estatus legal permanente, y que expulsarlas a todas costaría por lo menos 315 mil millones de dólares.
Para que usted se dé cuenta que hay mucho de cortina de humo en esto, el presupuesto actual de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, o ICE, es de aproximadamente 8 mil millones de dólares.
¿Se da cuenta del absurdo?
Más allá de la carga financiera, las deportaciones masivas afectarían significativamente la economía estadounidense, en particular los sectores de la construcción y la agricultura.
Más del 20% de los trabajadores de la construcción son indocumentados, y el porcentaje es aún mayor en puestos especializados como instaladores de paneles de yeso y placas de techo, de los cuales se cree que más de un tercio son indocumentados.
En áreas donde los trabajadores de la construcción tienen una gran demanda, como las regiones dañadas por los incendios forestales de California, la escasez de mano de obra creada por las deportaciones dañará seriamente a la agricultura. Para que usted tenga el dato, según el propio gobierno federal el 40% de los trabajadores agrícolas carecen de autorización de trabajo.
Batallas legales por delante
Tal vez el desafío más importante para la ofensiva de Trump contra la inmigración resida en garantizar la protección de los derechos civiles.
Trump ha comparado sus planes de deportación con los esfuerzos del presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950, un paralelo histórico que plantea serias preocupaciones.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental informa que entre 2015 y 2020, ICE la agencia de Immigration and Customs Enforcement encarceló a cientos de ciudadanos estadounidenses. Al menos 70 fueron deportados.
Históricamente, la Corte Suprema ha considerado este error inaceptable.
Recuerde usted que La Constitución en Estados Unidos, garantiza a toda la gente, sin excepción de calidad migratoria que se encuentre en suelo estadounidense, la debida protección de sus leyes.
La pregunta clave aquí no es solo si Trump puede desplegar legalmente activos militares para deportar personas. La pregunta real es... ¿Si un programa de proporciones gigantescas como es deportar a 13 millones de personas puede ejecutarse respetando los derechos constitucionales, y manteniendo la estabilidad política y legal del país?
Según diversas investigaciones legales, la respuesta es: Un rotundo ¡no!
