Elías (identificado como Jorge en su recurso legal), un ciudadano que recibe tratamiento en el Instituto Nacional de Psiquiatría por un cuadro de depresión y ansiedad, relata la grave vulnerabilidad a la que se enfrentan los pacientes crónicos del sistema de salud mental. Su testimonio ilustra una crisis que podría agravarse si se aprueban las modificaciones legales actualmente en discusión.

Elías lucha por acceso a medicamentos en medio de crisis del sistema de salud

La problemática se remonta a dos años, cuando una severa escasez de fármacos golpeó a hospitales clave de la Secretaría de Salud, incluyendo al Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital Psiquiátrico Infantil, y el Fray Bernardino Álvarez. La carencia de insumos esenciales provocó que tanto los profesionales de la salud como las personas afectadas se vieran forzadas a realizar protestas públicas para exigir soluciones.

Elías sufrió las consecuencias de primera mano al quedarse sin su dosis de 75 miligramos de Amitriptilina. La interrupción de su tratamiento se prolongó por casi un mes. Durante ese tiempo, su estado de salud empeoró drásticamente, lo que le impidió llevar a cabo sus labores cotidianas.

La escasez provoca protestas y amparos de pacientes buscando atención médica

Ante la desesperación por no recibir la medicación prescrita por la misma institución, el paciente optó por recurrir a la protección judicial. Mediante la interposición de un recurso de amparo, logró obligar a las autoridades a responder a su situación en un plazo no mayor a dos días, asegurando así la entrega del medicamento que el instituto le había indicado.

El éxito de su acción legal sirvió de ejemplo, motivando a otros cinco enfermos a iniciar procedimientos similares, lo que resultó en que ellos también consiguieran los tratamientos que les habían sido negados. El amparo demostró ser una herramienta judicial efectiva para hacer valer el derecho fundamental de acceso a la salud.

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Sin embargo, esta vital herramienta está ahora bajo amenaza. Las nuevas propuestas de reforma podrían dejar a cientos de personas enfermas sin posibilidad de defensa frente a instituciones de salud que no cumplan con su obligación.

Propuestas de reforma amenazan derechos de pacientes y acceso a tratamientos

Los pacientes temen que, con la nueva legislación, las autoridades puedan justificar la falta de atención con argumentos de incapacidad legal o presupuestaria, excusándose en la escasez de recursos económicos, medicamentos o camas hospitalarias disponibles.

Frente a este panorama, grupos de familiares y afectados se están organizando activamente. Su objetivo es preservar el marco legal que les ha servido como un escudo protector reconocido. Planean unir sus fuerzas con otras organizaciones de la sociedad civil que también están enfocadas en temas sanitarios para, en conjunto, impugnar y oponerse firmemente a la reforma propuesta.