Una vez más, el gobierno federal se prepara para aplicar un fuerte incremento al impuesto especial sobre los refrescos, bajo el argumento de proteger la salud pública; sin embargo, la realidad parece apuntar en otra dirección: la salud no es prioridad de Morena, sino la recaudación fiscal.

A partir del próximo año, el gravamen pasará de 1.64 pesos por litro a 3.08 pesos, lo que representa prácticamente el doble. Esta medida afectará directamente a millones de consumidores, mientras las autoridades defienden la narrativa de que se trata de una estrategia para reducir la obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes.

El discurso oficial frente a las cifras de recaudación

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “el objetivo no tiene nada que ver con recaudar, sino con evitar que se abuse de las bebidas azucaradas por el efecto en la salud de todas y de todos”. No obstante, declaraciones de su propio equipo contradicen este planteamiento.

El subsecretario de Integración y Desarrollo de Salud, Eduardo Clark, admitió que, aunque no es el fin central, el incremento podría significar ingresos adicionales de hasta 41 mil millones de pesos para el Estado.

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Morena y su historial con los refrescos

El aumento que entrará en vigor en 2025 no es un hecho aislado. Entre 2019 y 2024, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gravamen se incrementó en al menos cuatro ocasiones, comenzando con un peso por litro hasta llegar a 1.64. Ahora, con la administración de Sheinbaum, la cifra se duplicará.

Lo más preocupante es que, a pesar de cada ajuste fiscal, el consumo de refrescos no ha disminuido. En 2018, el promedio era de 163 litros por persona al año; para 2025, el nivel de consumo ya supera los 166 litros. Los datos muestran que los mexicanos siguen comprando estas bebidas sin importar el alza en su precio.

Más impuestos, mismos problemas de salud

La insistencia en gravar al consumidor sin ofrecer una política integral de prevención revela que la salud no es prioridad de Morena. En lugar de invertir en educación nutricional, campañas de prevención y acceso real a productos saludables, la medida se limita a incrementar el costo de un hábito muy arraigado en la sociedad mexicana.

El disfraz de “cuidado de la salud” pierde credibilidad cuando se contrasta con los beneficios recaudatorios. Lo que se presenta como una medida sanitaria parece, en la práctica, una estrategia para aumentar la bolsa del erario público.