Gobierno encuentra la “cura” para la obesidad: su receta es vaciar carteras con el precio del refresco

El gobierno federal, bajo el pretexto de proteger la salud de los ciudadanos, anunció un incremento en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas.

Según explicó Édgar Amador, secretario de Hacienda, actualmente los consumidores pagan 1.64 pesos por cada litro de refresco, pero a partir de 2026 esta cifra podría elevarse a 3.08 pesos por litro, lo que significaría una recaudación adicional de aproximadamente 35 mil millones de pesos.

“Como garantizamos que los recursos que provengan de esta contribución se dediquen específicamente a políticas de salud”, señaló Amador, intentando justificar la medida como un incentivo para reducir la obesidad y la diabetes.

La medida ha generado críticas de diversos sectores, principalmente de la oposición. José Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, aseguró que “no existen impuestos saludables; lo que realmente ayuda es bajar los impuestos a productos que fomenten hábitos sanos”.

Lixa propone reducir el IVA del agua embotellada y destinar recursos a centros de salud que combatan de manera efectiva la obesidad.

Héctor Saúl Téllez, también diputado del PAN, refuerza la crítica al señalar que, pese al incremento del IEPS, los datos de enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos no muestran mejoras. “El IEPS ha duplicado su recaudación, de 24 a 40 mil millones de pesos, pero también se ha duplicado la obesidad y la diabetes entre niños y jóvenes”, aseguró.

Más allá de la eficiencia de la medida, la oposición cuestiona la disposición del gobierno a utilizar estos fondos exclusivamente para salud. Rubén Moreira advirtió que este dinero podría ser absorbido por gasto corriente, argumentando que “si realmente estuvieran preocupados por la salud, invertirían en hospitales y programas efectivos, en lugar de aumentar impuestos”.

El debate sobre el impuesto al refresco y otros productos azucarados apenas inicia, y su implementación pone de manifiesto una tensión política: mientras el gobierno insiste en su carácter “preventivo”, la oposición insiste en que el aumento de impuestos no sustituye políticas públicas efectivas ni cambios en el sistema de salud.

Además, la medida rompe con la promesa gubernamental de no crear nuevos impuestos, generando un escenario de incertidumbre sobre su impacto real en la población.