La mayoría morenista en el pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La votación se llevó a cabo en una sesión marcada por el debate entre las distintas bancadas. El dictamen fue avalado sin modificaciones al texto previamente enviado por la Cámara de Diputados, demostrando el control legislativo de la mayoría encabezada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En lo general, la aprobación recibió 88 votos a favor, provenientes de los senadores de Morena, PT, PVEM, así como del Movimiento Ciudadano y algunos miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, se registraron 16 votos en contra, principalmente de senadores panistas como Marko Cortés, Laura Esquivel y Lilly Téllez, así como de legisladores pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Más tarde, con 77 votos a favor y 30 en contra, se aprobó en lo particular.

Alarma en el Senado por la controvertida “Ley Espía” y sus riesgos a la privacidad

En medio de fuertes críticas por parte de organizaciones ciudadanas y legisladores de oposición, el Senado de la República analiza un dictamen de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que transformará de fondo el marco jurídico de la Seguridad Pública en el país.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 25 de junio como parte central de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 y plantea, entre otros puntos, la consolidación de un nuevo modelo de seguridad basado en inteligencia estratégica.

Entre la seguridad y la privacidad: los alcances del nuevo Sistema Nacional de Información

Aunque el oficialismo sostiene que se trata de una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad y combatir al crimen, diversas voces han alertado sobre los peligros que representa para la privacidad de la población.

“La oposición va a decir que queremos un gobierno dictatorial. Son patrañas, hombre. Solo se está planteando que las cosas que se hacen en materia de seguridad tengan un marco sean transparentes se han autorizadas por una autoridad judicial”, sentenció el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, antes del debate.

El dictamen crea el Sistema Nacional de Información, una red de registros que incluye bases de datos sobre detenciones, armamento, mandamientos judiciales, medidas de protección, datos penitenciarios, e incluso información fiscal, patrimonial, biométrica y de salud.

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 12 del dictamen, que faculta a la Secretaría de Seguridad a solicitar este tipo de datos personales sin requerir una orden judicial, lo que ha sido considerado por legisladores del PRI, PAN y MC como una amenaza directa a los derechos civiles y un paso hacia la vigilancia masiva.

Oposición advierte que Morena busca sistema de vigilancia

Senadores de oposición han advertido que Morena busca implementar un esquema de vigilancia permanente sobre la población, que podría invadir la privacidad de los ciudadanos mientras blinda al poder público.

Mientras que el priista Miguel Riquelme, señaló recientemente que el proyecto representa a un estado autoritario, donde habrá “un espionaje a todas luces para todos los ciudadanos mexicanos.

“Hoy nos vemos ante un estado fisgón que va a saber absolutamente todo de cualquier ciudadano mexicano, no nada más de nosotros. Eso creo que lejos de enfrentar el tema sobre lo que es la seguridad, lo aleja de la realidad”, abundó Riquelme Solís en entrevista para Azteca Noticias.

El nuevo marco legal también contempla la operación diaria de estrategias conjuntas entre los tres órdenes de gobierno, la centralización de los flujos de información y la participación activa de la Guardia Nacional —adscrita a la Defensa— como eje de la seguridad pública federal. Se reconoce, además, la facultad de la Federación para diseñar políticas y estándares nacionales, profesionalizar cuerpos policiales y operar la base nacional de datos.

Aunque las entidades federativas y municipios recibirán atribuciones para implementar acciones locales, estas estarán supeditadas a los lineamientos federales, lo que ha despertado dudas sobre el margen real de autonomía local en el modelo de seguridad propuesto.

Además, la ley prevé que las políticas se diseñen “con la sociedad y no sólo para ella”, pero no establece mecanismos claros ni vinculantes de participación ciudadana o control democrático sobre el uso de los datos recopilados.

Preocupa uso discrecional de datos personales en nuevo sistema de inteligencia aprobado por el Senado

Los senadores también avalaron la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.

Esta nueva norma —también considerada por los senadores del oficialismo como pieza clave dentro del eje de fortalecimiento de la inteligencia de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030— establece un sistema coordinado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana para la obtención, análisis y uso de información con fines de seguridad pública.

Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupaciones por el tratamiento reservado y confidencial que tendrá esta información, sin controles judiciales claros.

Entre los aspectos más sensibles del dictamen destaca la creación de una Plataforma de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que estará interconectada con sistemas de instituciones de seguridad pública y registros de organismos públicos —e incluso privados— para fines de investigación criminal.

Esta plataforma deberá reunir, conservar y analizar datos en tiempo real, incluidos aquellos considerados sensibles, con escasa supervisión externa.

Aunque se menciona la protección bajo leyes de transparencia y protección de datos, el dictamen también aclara que las actividades de inteligencia estarán excluidas del régimen de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que limita los mecanismos de fiscalización ciudadana.

La ley instituye además una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la SSPC, que se encargará de coordinar bases de datos, plataformas tecnológicas y análisis criminal.

La nueva Plataforma deberá operar plenamente en un plazo máximo de 180 días, mientras que el Congreso deberá armonizar la Ley de Seguridad Nacional en ese mismo periodo.