La política migratoria en Estados Unidos volvió al centro del debate nacional tras conocerse que una jueza en Wisconsin, Hannah Dugan, fue acusada formalmente en un tribunal federal por supuestamente ayudar a un migrante indocumentado a evadir la detención por parte de las autoridades de inmigración.
Los hechos ocurrieron el pasado 18 de abril de 2025, cuando, según documentos judiciales, la jueza Dugan impidió que el migrante saliera por la entrada principal del tribunal, guiándolo deliberadamente hacia una puerta trasera para eludir a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que lo esperaban para arrestarlo.
Pese a sus esfuerzos, el individuo fue finalmente detenido por los agentes federales al salir del edificio. La jueza ahora enfrenta cargos de obstrucción de justicia por su presunta intención de interferir con un procedimiento legal en curso, lo que ha generado una amplia discusión sobre los límites de la autoridad judicial frente a las políticas federales migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, quien volvió a la presidencia este año.
Un caso que refleja el conflicto entre tribunales y políticas migratorias de Trump
El caso de Dugan ha encendido una polémica sobre el papel de los jueces estatales y locales ante la política de mano dura contra la migración irregular que ha retomado fuerza bajo el actual mandato de Trump. Mientras algunos sectores ven sus acciones como un acto de compasión y defensa de los derechos humanos, otros consideran que violó claramente la ley al proteger a una persona buscada por autoridades federales.
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, se han intensificado los operativos de detención y deportación de migrantes, sobre todo en zonas donde existe cooperación entre las agencias migratorias y autoridades estatales. La actitud de la jueza Dugan ha sido interpretada por defensores de Trump como una obstrucción ideológica al cumplimiento de la ley migratoria.
En Pensilvania, otro fallo judicial respalda política de deportación acelerada
Mientras el caso de Dugan causa revuelo, en otro tribunal del país se avanza en una dirección completamente distinta. La jueza federal Stephanie Haines, con sede en Pensilvania, emitió una resolución en la que autoriza al gobierno de Estados Unidos a utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros como base legal para acelerar la deportación de individuos acusados de pertenecer a organizaciones criminales.
Según el dictamen, el Ejecutivo federal podrá usar dicha ley —normalmente reservada para situaciones de guerra o amenazas a la seguridad nacional— siempre que los acusados reciban una notificación con al menos 21 días de anticipación y se les otorgue la oportunidad de impugnar legalmente su expulsión.
