En lo que va del año, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) ha colocado sellos de suspensión y clausura a más de mil establecimientos en la Ciudad de México, generando controversia entre empresarios y productores locales.
Estas acciones, aunque sustentadas en la ley, han sido consideradas excesivas y abusivas por algunos afectados, quienes denuncian una regulación opresiva que afecta directamente a la economía y al empleo.
La experiencia de Jorge, Empresario afectado por clausura inesperada
Jorge, propietario de un restaurante bar con venta de vinos y licores, narra su experiencia con el INVEA.
“Mi licencia de funcionamiento siempre ha estado en regla, y durante 28 años jamás me pidieron presentar la constancia de alineamiento y número oficial, un documento que estipulan ahora como obligatorio para operar”.
A pesar de que el INVEA tiene facultades para verificar documentos, Jorge considera que la clausura fue un abuso y un trato injusto para los empresarios: “Es una extorsión, un derecho de piso con chaleco guinda y gafete del INVEA. Deberían hacer una visita de verificación, emitir un apercibimiento y dar un tiempo para subsanar, en lugar de detener la economía de miles de familias”.
Otro Caso: La taquería que no puede vender micheladas
Un segundo empresario, dueño de una taquería con una licencia de bajo impacto que solo permite la venta de cerveza, se enfrenta a una interpretación restrictiva de la ley.
En su caso, la autoridad sostiene que la venta de micheladas —que es cerveza con limón y sal— requiere permisos adicionales al considerar la michelada como una bebida alcohólica diferente a la cerveza. Esto ha generado incredulidad y preocupación en el sector: “Si me clausuran, no podré cubrir mis obligaciones fiscales ni pagar IMSS, lo que prácticamente nos lleva a la quiebra”.
Implicaciones y multas que afectan a los comercios
Ambos empresarios deben pagar multas aproximadas de 45 mil pesos para poder reabrir sus establecimientos. Sin embargo, con el INVEA en periodo vacacional, el cierre se extiende hasta agosto, agravando las pérdidas económicas y la incertidumbre para los negocios.
Los afectados denuncian que esta regulación excesiva y la burocracia prolongada no solo inhiben la generación de empleos, sino que también fomentan la corrupción en el proceso.
