México: ¿el país donde las niñas son propiedad? la escandalosa realidad del matrimonio infantil

La pregunta es escalofriante: ¿Qué país permite que una niña de 10 años sea entregada en matrimonio con un hombre de 40? La respuesta, sorprendentemente, no es sencilla, especialmente cuando se mira a México, una nación que, a pesar de sus avances legislativos, aún arrastra las cadenas de una práctica milenaria: el matrimonio infantil.

Desde 2019, la prohibición es federal y explícita, sin excepciones. Sin embargo, la realidad sobre el terreno pinta un panorama mucho más complejo, donde al menos 18 estados no han armonizado sus códigos civiles o permiten lagunas que perpetúan uniones tempranas que truncan vidas y vulneran derechos fundamentales.

Antonio José Ruiz, Oficial Nacional de Protección a la Infancia de UNICEF en México, dibuja una realidad que, si bien muestra un lento decrecimiento, es alarmante. “Los datos nacionales estiman que más de 10.5 millones de mujeres de 15 años y más se casaron o unieron antes de los 18 años”, subraya Ruiz, y de ellas, un escalofriante 13.5% lo hizo antes de cumplir los 15 años.

Las cifras más recientes de 2023, de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, revelan que el 18.2% de las mujeres de 20 a 24 años se casaron o unieron antes de los 18, una mejora marginal respecto al 21.4% de 2014. Un decrecimiento de apenas dos o tres puntos porcentuales en casi una década es, como advierte Ruiz, “de manera lenta”.

La normativa federal mexicana ha avanzado. Desde 2014, se estableció la obligación para los estados de fijar los 18 años como edad mínima para el matrimonio. En 2019, esta prohibición se incluyó en el Código Civil Federal, eliminando las dispensas y excepciones que antes permitían el matrimonio con autorización paterna o bajo otras circunstancias locales. Este fue un paso crucial. Sin embargo, la implementación es el talón de Aquiles.

Las estadísticas de nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaron que, entre 2014 y 2023, a pesar de las prohibiciones, se registraron 39,390 matrimonios civiles donde al menos una de las personas era menor de 18 años. Sorprendentemente, 20 de estos matrimonios irregulares aún se registraron en 2023.

La prohibición legal ha empujado el fenómeno a un terreno más oscuro: las uniones tempranas de facto. Las adolescentes ahora van a vivir a casa de sus parejas sin pasar por el registro civil, estableciendo una vida en conjunto al margen de la ley. El censo de población y vivienda de 2020 registró 224,454 adolescentes entre 12 y 17 años en situación de unión matrimonial (casadas o en unión libre).

Más allá, 21,167 habían tenido una unión matrimonial previa, declarándose separadas, divorciadas o, incluso, viudas. Esto significa que cuatro de cada 100 adolescentes en México han estado en alguna forma de unión matrimonial, una cifra que Antonio José Ruiz califica de “muy preocupante”.

Las implicaciones del matrimonio infantil son devastadoras. Ruiz de UNICEF detalla cómo estas uniones limitan la autonomía de las niñas, quienes a los 12, 13 o 14 años carecen de la capacidad de consentir plenamente una unión con una persona mucho mayor.

La evidencia es contundente: las adolescentes en uniones tempranas enfrentan mayores índices de embarazos precoces, lo que a menudo las condena a abandonar la escuela, limitando sus posibilidades de inserción laboral y perpetuando ciclos de pobreza. “Nos encontramos con adolescentes de 19 años que fueron unidas a los 15, que pueden ya tener dos o tres hijos”, ejemplifica Ruiz. Esta falta de preparación las coloca en una situación de vulnerabilidad extrema.

Más allá de lo económico, la violencia es una sombra constante. Las uniones con grandes diferencias de edad, sumadas a las normas sociales que toleran la violencia contra las mujeres, aumentan drásticamente las probabilidades de que las niñas sean sujetas a mayores formas de violencia y control por parte de sus parejas. Esta violencia, a su vez, se proyecta sobre sus hijos, creando un ciclo intergeneracional de trauma y precariedad.

¿Qué debe hacer México para alcanzar a naciones como Bolivia o Colombia, que han logrado avances significativos en la erradicación del matrimonio infantil? Ruiz señala que, si bien México ha tomado acciones –la prohibición federal de 2014, la inclusión en el Código Civil Federal en 2019 y la tipificación de la cohabitación forzada en el Código Penal Federal en 2023–, los marcos normativos, aunque importantes, no son suficientes.

La clave reside en transformar las normas sociales que aún justifican estas prácticas nocivas. La persistencia de arquetipos como que “las mujeres son propiedad de los hombres” o “los niños son propiedad de los adultos” es el verdadero enemigo. Se necesita una estrategia de política pública sólida y articulada, que trabaje de manera coordinada entre instituciones y se enfoque en las regiones más afectadas.

En este punto, el mapa de México revela contrastes. Si bien existe una incidencia mayor en comunidades indígenas y rurales, el fenómeno no es exclusivo de ellas. Estados como Guerrero (35%), Chiapas, Zacatecas, Nayarit y Michoacán (25%) muestran los índices más altos de mujeres de 20-24 años que se unieron antes de los 18.

Sin embargo, al nivel municipal, ciudades como León (Guanajuato), Ciudad Juárez (Chihuahua), Tijuana (Baja California), Puebla y Acapulco (Guerrero) también presentan altos números de adolescentes en unión. Esto evidencia que el problema es transversal y requiere intervenciones diferenciadas.

La senadora boliviana Virginia Velasco comparte la experiencia de su país, que en 2022 logró un hito histórico al modificar el código de familia para prohibir el matrimonio infantil sin excepciones. Los datos de Ceresi (Servicio de Registro Cívico) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia revelaron más de 6 mil matrimonios infantiles forzados y más de 147,876 embarazos en menores de edad entre 2020 y 2023, es decir, “más de 100 por día”.

Estos datos, sumados a las consecuencias de violencia, feminicidio y abandono escolar, impulsaron la reforma. “No puede ser que una tradición esté por encima de los derechos humanos”, sentencia Velasco, refiriéndose a los argumentos culturales esgrimidos para justificar estas uniones.

La senadora, quien visitó México, considera que es crucial que este país avance en la armonización de sus normativas. “México tiene mucha potencialidad, pero no podemos olvidar el tema social”, afirmó, instando a cuidar el interés superior de la niñez y la adolescencia. Destaca la importancia de una legislación comparada con países como Bolivia y Colombia, que han logrado erradicar estas prácticas mediante reformas legales y estrategias de concientización.

La prohibición del matrimonio infantil en México, aunque existe a nivel federal, enfrenta el desafío de su implementación a nivel estatal y la resistencia de normas sociales arraigadas. La brecha legislativa entre el nivel federal y los códigos locales es un factor clave. La falta de estrategias culturalmente sensibles para dialogar con comunidades donde estas prácticas son tradición, sumado a las condiciones de pobreza que a menudo empujan a las familias a ver la unión como una “protección” para sus hijas, complejiza aún más el panorama.

El futuro de millones de niñas mexicanas depende de una acción coordinada, que priorice la escolaridad como mecanismo protector, dirija programas sociales a las familias más vulnerables y ofrezca oportunidades de transición escolar a un empleo seguro para las y los adolescentes. Proteger la autonomía de las niñas y reconocer su capacidad de decidir sobre sus vidas es la meta.

El matrimonio infantil no es una tradición inofensiva; es una práctica nociva que violenta sistemáticamente los derechos, limita futuros y perpetúa ciclos de pobreza y violencia. Es una práctica que México, en su totalidad, debe erradicar con urgencia.