El tema del “huachicol fiscal” dominó la reciente sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde la oposición exigió claridad sobre el desfalco millonario a las finanzas públicas provocado por este delito. La comparecencia de la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) generó un tenso intercambio, especialmente al tocar la presunta implicación de servidores públicos.
La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que desde 2023 a la fecha, la PFF ha presentado 102 querellas por este tipo de contrabando. La funcionaria defendió que este delito no es exclusivo de administraciones recientes, sino que tiene sus orígenes en gobiernos del pasado, lo que inmediatamente provocó el reclamo de la bancada opositora.
Galeano García subrayó el esfuerzo de la dependencia para recuperar los recursos:
“Presumir que tenemos 102 querellas vivas hoy y que estamos tratando de recuperar estas cantidades para el fisco, no solamente es aislado en 16 mil millones, seguramente podremos recuperar cantidades extraordinarias por los diversos esquemas de defraudación fiscal ligados a personas físicas y a diversas empresas morales, cuyos resultados podremos ir visibilizando con el paso del tiempo conforme podamos ir judicializando estas querellas”.
Oposición acusa insuficiencia en recuperación y señala al gobierno actual
El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez, criticó los números presentados por la Procuraduría, argumentando que las acciones son mínimas frente a la magnitud del problema. Téllez señaló que las 102 querellas por $16 mil millones de pesos representan solo el 2.7% de los 600 mil millones de pesos estimados en contrabando y robo de combustible.
El legislador panista no dudó en apuntar al sexenio en curso, al afirmar que el problema creció durante la administración actual:
“Los permisos de importación se generaron a partir del año 2017, pero de todos estos años, el gran cúmulo de 6 años de 8, le corresponden al sexenio del presidente López Obrador y las denuncias, y la investigación se suscitó por la valentía del almirante Guerrero Alcántara... Y que lamentablemente hoy está muerto.”La mención al almirante Guerrero Alcántara y a la presunta vinculación de funcionarios públicos en los esquemas de contrabando, refuerza el llamado de la oposición para que se aclaren no solo las pérdidas económicas, sino también la cadena de complicidades que ha permitido el crecimiento del contrabando de combustible en el país.