¿Nuevos impuestos a los refrescos? Así busca recaudar dinero más el gobierno

En México, la polémica sobre las políticas fiscales vuelve a colocarse en el centro del debate. A pesar de que la Cuarta Transformación había prometido que no habría incremento de impuestos, el gobierno ya anunció que contempla elevar la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a bebidas azucaradas como refrescos, jugos y aguas saborizadas.

El IEPS es un impuesto indirecto que, en teoría, se cobra a productos considerados dañinos para la salud. Sin embargo, para especialistas como el economista Arturo Herrera, la intención real del aumento es clara: “Es una señal de que necesitan recaudar más dinero. Ya pidieron más deuda pública, eliminaron fideicomisos y ahora buscan más recursos de los contribuyentes”.

En palabras del mismo Herrera, el IEPS es una herramienta rápida para generar ingresos, ya que se puede modificar mediante la miscelánea fiscal sin necesidad de una reforma estructural profunda.

Se estima que solo en 2025, el gobierno obtendrá más de 43 mil millones de pesos por concepto de IEPS. El problema, señalan críticos, es la falta de claridad sobre el destino de esos recursos.

Ciudadanos como Don Rufino opinan que el dinero “se gasta en lujos de los políticos, en casas y viajes al extranjero”, en lugar de aplicarse en programas de salud, que es el argumento oficial detrás de este impuesto.

El sector de bebidas no alcohólicas (refrescos, jugos industrializados y concentrados) emplea directa e indirectamente a casi dos millones de personas en todo el país. Sus principales clientes son los pequeños y medianos comercios, quienes temen un impacto directo en sus ventas.

Roberto, dueño de una tienda de abarrotes, lo resume así: “A nosotros nos afecta. Los que tenemos negocio sí lo resentimos, la verdad”.

Más allá de la recaudación, algunos comerciantes y consumidores sostienen que los nuevos impuestos al refresco representan un intento del gobierno por limitar las decisiones personales.

“Es decisión de cada quien si tomamos refresco o agua. Eso no debería decidirlo el gobierno”, señaló Juan, comerciante local.