Un juez federal en Estados Unidos emitió este martes una orden que obliga al gobierno de Donald Trump a restituir de inmediato el acceso de la agencia Associated Press (AP) a espacios clave de cobertura informativa como el Despacho Oval, el avión presidencial y otros eventos oficiales. Esta decisión judicial representa un golpe directo a la política de exclusión impulsada por la actual Administración de Trump, la cual había vetado a AP por negarse a utilizar el nuevo nombre que el mandatario impuso por decreto al Golfo de México, rebautizado como “Golfo de América”.
Falló a favor de AP
La sentencia, redactada en un documento de 41 páginas, fue emitida por el juez Trevor McFadden, quien fue designado por el propio Trump en 2017. McFadden argumentó que, conforme a la Primera Enmienda de la Constitución de EU, el gobierno no puede discriminar a medios de comunicación por sus opiniones editoriales.
“Si el Gobierno abre sus puertas a algunos periodistas, no puede cerrarlas a otros por lo que piensan o publican. Así lo establece la Constitución”, escribió el magistrado en su fallo.
La Casa Blanca cuenta ahora con un plazo de cinco días para apelar la decisión. Aunque no se ha anunciado si presentará recurso, el fallo representa un fuerte revés para la campaña que Trump ha lanzado contra los medios tradicionales desde su regreso al poder.
La demanda de AP y la controversia por el Golfo de América
La disputa legal comenzó cuando Associated Press presentó una demanda contra tres funcionarios de la Casa Blanca, alegando que la exclusión de sus reporteros de espacios de cobertura periodística violaba su derecho a la libertad de expresión. El veto fue una represalia por la negativa de AP a adoptar el término “Golfo de América”, que Trump decretó en su primer día de mandato como una medida simbólica de carácter nacionalista.
La agencia de noticias argumentó que seguir utilizando el nombre tradicional, Golfo de México, era esencial para mantener la objetividad informativa, especialmente porque sus abonados se encuentran no solo en Estados Unidos, sino también en México, Cuba y otros países que no reconocen el nuevo término.
Impacto económico y en la calidad informativa
AP denunció que la exclusión afectó seriamente la calidad e inmediatez de su cobertura, lo que generó pérdidas económicas al reducir el valor de la información distribuida a sus clientes. El juez, sin embargo, aclaró que su decisión no obliga al Gobierno a conceder acceso privilegiado ni trato especial a AP, pero sí prohíbe que se le niegue el acceso por razones ideológicas o políticas.
El fallo también remarca que, si bien la Casa Blanca puede organizar el acceso a eventos presidenciales, no puede usar ese poder para castigar a los medios que no se alinean con su narrativa.
