En medio de los festejos del Día de la Independencia, el Gobierno Federal aprovechó el asueto para enviar al Senado una reforma que modifica la Ley de Amparo, un recurso creado precisamente para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.
El documento, de 114 cuartillas, ha encendido las alarmas entre especialistas y legisladores de oposición, quienes advierten que, de aprobarse, el amparo podría quedar reducido a una figura prácticamente inservible.
¿Qué cambia la Ley de Amparo con esta iniciativa?
La propuesta del Ejecutivo plantea restringir el concepto de interés legítimo, privilegiando el llamado “interés común”, lo que dejaría en manos del gobierno decidir quién puede acceder a este
.
Además, se otorgaría a la autoridad la facultad de declarar improcedente un amparo si considera que se utiliza para retrasar un juicio. Esto significa que cualquier intento de defensa ciudadana quedaría sujeto al criterio gubernamental.
Otro punto preocupante es que, incluso si un particular gana el juicio, la autoridad podría alegar imposibilidad jurídica o material para cumplir con la sentencia, anulando así el efecto protector del amparo.
Reforma a la Ley de Amparo genera preocupación
La senadora Alejandra Barrales (MC) señaló que se trata de “la continuidad de una contrarreforma judicial que busca darle al gobierno más control y menos derechos al ciudadano”.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que la iniciativa limita derechos fundamentales y facilita la ruta de cobro para el gobierno, pero reduce la posibilidad de defensa para los ciudadanos.
En la misma línea, el abogado Ricardo Gali ejemplificó lo que está en juego: “Si el SAT congela tus cuentas, hoy el amparo te da una suspensión para sobrevivir hasta que el juez decida. Con la reforma, el embargo sería inmediato, aunque después ganes, el daño ya estaría hecho”.
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La reforma es un retroceso disfrazado de avance
Aunque en su exposición de motivos el gobierno asegura que la iniciativa busca “hacer más eficiente el acceso a la justicia”, especialistas consideran que se trata de un retroceso legal que deja a los ciudadanos en total indefensión.
La iniciativa será turnada a comisiones del Senado este miércoles, donde comenzará el debate sobre un cambio que podría transformar radicalmente la manera en que los mexicanos enfrentan los abusos de autoridad.
