Los llamados Jueces del Bienestar, electos apenas en julio pasado, duraron apenas una quincena en el cargo antes de presentar su renuncia.
En total, seis juzgadores de distintas entidades federativas dejaron sus funciones, argumentando motivos personales o de salud y asegurando que no existieron presiones externas en su decisión.
En el Congreso de Tamaulipas, se confirmó que los jueces en materia civil y familiar declinaron al nombramiento. Entre ellos se encuentran Yaritza Bonilla Molina, quien en redes sociales calificó el proceso como “desgastante”; además de Ivonne González Salinas, Javier Coluna Reséndiz y Anabel Almazán Botello.
Cabe destacar que ninguno de ellos contaba con trayectoria previa dentro del Poder Judicial, lo que había generado críticas desde su designación.
Veracruz y Durango también registraron bajas
En el estado de Veracruz, la jueza laboral Verónica Loyo Chacón presentó su renuncia poco después de asumir, sumándose a la lista de dimisiones. De igual manera, en Durango, Héctor Zaragoza Solís ni siquiera tomó protesta para asumir la responsabilidad que le correspondía como Juez del Bienestar.
Con estas dimisiones, las tres entidades quedaron con vacantes a tan solo días de que los nuevos juzgadores iniciaran formalmente funciones, lo que ha encendido el debate sobre la viabilidad del modelo de elección y la preparación de los perfiles seleccionados.
Un modelo de justicia que pierde credibilidad a pocos días de iniciar
La renuncia temprana de los jueces ha reavivado cuestionamientos sobre la falta de experiencia de varios de los seleccionados y sobre la manera en que fueron elegidos en procesos recientes.
Aunque los involucrados sostienen que su decisión se debe a asuntos personales, voces críticas señalan que la falta de formación judicial pudo haber influido en su salida.
La dimisión colectiva se da en un momento en el que el Poder Judicial enfrenta presiones para consolidar legitimidad y confianza ciudadana, mientras que la figura de los Jueces del Bienestar había sido presentada como un esfuerzo para acercar la justicia a la población.
