La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán ha abierto una investigación tras un preocupante incidente en la escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en el municipio de La Piedad, donde una docente es señalada por presuntamente rociar con insecticida a varios alumnos dentro del aula.
De acuerdo con algunos reportes, la maestra de un grupo de tercer grado detectó un insecto en la ropa de uno de los menores, lo que la llevó a rociarlo directamente con insecticida y luego a otros de sus compañeros. Además, expulsó al niño del aula, dejándolo fuera de clase durante un tiempo considerable.
Posteriormente, la docente también “fumigó el salón de clases” y las pertenencias del menor, lo que provocó que varios alumnos presentaran síntomas físicos adversos. Se desconoce si requirieron atención médica.
Acusaciones previas y quejas de los padres
Este hecho no sería un caso aislado. Padres de familia han señalado en redes sociales, que no es la primera vez que tienen conflictos con la misma maestra, y afirman que su conducta ha provocado una disminución en el número de estudiantes del grupo.
Las denuncias apuntan a un patrón de maltrato psicológico, que incluiría insultos, gritos y hasta privación de alimentos, lo que ha generado un ambiente de constante tensión y temor entre los menores.
Ante la gravedad del caso, los tutores decidieron presentar una queja formal ante la CEDH, organismo que confirmó el inicio de una carpeta de investigación por posible violación a los derechos humanos, dado que se puso en riesgo la integridad física y emocional de los menores.

¿Qué sanción podría enfrentar la maestra por estos actos?
La maestra involucrada podría enfrentar diversas sanciones, dependiendo de los resultados de la investigación de la CEDH y las acciones legales que emprenda la Secretaría de Educación del Estado. Entre las posibles sanciones se encuentran:
- Suspensión temporal o definitiva del cargo como docente.
- Inhabilitación para ejercer funciones educativas, si se comprueba que incurrió en conductas que atenten contra los derechos de la infancia.
- Procedimientos legales o administrativos, en caso de comprobarse negligencia, abuso o agresión hacia los alumnos.
- Multas o medidas de reparación del daño, si así lo determinan las autoridades.
En caso de que algún padre de familia quiera proceder de manera legal e interponer su denuncia; el Código Penal de Michoacán, el artículo 129 establece una pena de entre tres y siete años de prisión a quien lesione a un menor de 18 años.
Mientras tanto la situación sigue en desarrollo y se espera que tanto la CEDH como las autoridades educativas emitan un informe oficial en los próximos días.