Países europeos salen de tratado contra minas terrestres por amenaza rusa

Finlandia, Polonia, Letonia, Estonia y Lituania están dando pasos para retirarse del Tratado de Ottawa, el acuerdo internacional que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas terrestres antipersonal, armas consideradas entre las más indiscriminadas y peligrosas del mundo, aseguran que el principal motivo es la creciente amenaza que perciben desde Rusia.

El Tratado de Ottawa, firmado en 1997 y ratificado por 165 naciones hasta principios de año, ha sido fundamental para reducir las muertes y mutilaciones causadas por estos artefactos explosivos, que pueden permanecer activos y letales durante décadas después de finalizado un conflicto.

La decisión de los cinco países, todos fronterizos con Rusia, se formalizó en gran medida entre marzo y abril de 2025. Polonia y los tres estados bálticos (Letonia, Estonia y Lituania) anunciaron conjuntamente en marzo su intención de retirarse, argumentando la necesidad de dotar a sus fuerzas armadas de mayor “flexibilidad y libertad de elección” para reforzar la defensa del flanco oriental de la OTAN.

Letonia se convirtió en el primer país en formalizar su salida en abril, tras un fuerte respaldo parlamentario, lo que le permitiría acumular minas nuevamente tras un periodo de gracia de seis meses.

Ese mismo mes, Finlandia siguió el mismo camino. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, declaró que Rusia representa un “peligro a largo plazo” y que abandonar el tratado “permitirá prepararnos para los cambios en el entorno de seguridad de forma más flexible”.

La reintroducción potencial de estas armas ha sido calificada por activistas como una “regresión preocupante”.

Las minas terrestres no distinguen entre soldados y civiles y han causado decenas de miles de víctimas en todo el mundo. Según el informe 2024 del Monitor de Minas Terrestres, solo en 2023, al menos 5.757 personas murieron o resultaron heridas por minas y restos explosivos de guerra, siendo el 84% civiles.

Ucrania es actualmente el ejemplo más trágico, considerado el país más minado del mundo, con unos 174 mil kilómetros cuadrados contaminados, según estimaciones de su gobierno.

La organización Humanity & Inclusion advierte que esta contaminación crea una “amenaza invisible” que restringe drásticamente la movilidad, impide la agricultura y obstaculiza la vida socioeconómica.

Alma Taslidžan, trabajadora de dicha ONG y superviviente de la guerra de Bosnia en una entrevista con nuestro canal aliado CNN, calificó la retirada del tratado como “una completa tontería” y “la cosa más horrible que podría pasar”.

A pesar de la condena generalizada de grupos como Amnistía Internacional, que describió la medida finlandesa como un “preocupante paso atrás” que pone en peligro vidas civiles, los cinco países aseguran que actuarán con responsabilidad.

Finlandia, por ejemplo, a través de su presidente Alexander Stubb, afirmó en la red social X que el país “está comprometido con sus obligaciones internacionales sobre el uso responsable de las minas”.

Este uso responsable implicaría, teóricamente, llevar registros precisos de los campos minados, educar a las comunidades y limpiar las áreas una vez cese el peligro.

Sin embargo, estas promesas no logran adelantar el horror de los activistas ante la posibilidad de que un arma tan devastadora vuelva a formar parte de los arsenales europeos, debilitando décadas de esfuerzos por erradicarlas y poniendo en riesgo incontables vidas futuras en nombre de la disuasión militar.

Aunque México es un firme partidario del Tratado de Ottawa que prohíbe las minas antipersonal militares y no sufre de contaminación por estos artefactos de guerras pasadas, enfrenta un grave peligro interno debido a los Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), conocidos como “narcominas” desplegados por el crimen organizado.

Estos dispositivos caseros, activados por presión, tensión o a distancia, son utilizados por los cárteles para atacar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad (Ejército, Guardia Nacional, policías) en zonas de conflicto territorial como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, aunque su naturaleza indiscriminada frecuentemente afecta a la población civil.

Las “narcominas” causan muertes y mutilaciones, generan terror, provocan desplazamientos y restringen el acceso y la actividad económica en las comunidades afectadas.

El Estado mexicano combate esta amenaza mediante unidades especializadas de SEDENA y la Guardia Nacional, que trabajan en la detección y neutralización de estos artefactos.