Indignación en Venezuela: Mujer sentenciada a 30 años por un audio de WhatsApp; esto fue lo que dijo

Marggie Orozco, una mujer de 65 años, fue condenada a la pena máxima de 30 años de prisión en Venezuela por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Circuito Penal del Táchira, Luz Dary Moreno.

El juicio, calificado por activistas y opositores como una farsa judicial, tuvo como única prueba un simple audio de WhatsApp en el que Orozco emitía una opinión sobre la crisis nacional y las venideras elecciones del 28 de julio.

La acción penal se originó tras una denuncia presentada por la jefa del CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) de su comunidad en Colón, estado Táchira.

Orozco fue acusada de delitos graves y desproporcionados, incluyendo “traición”, “incitación al odio” y “conspiración”.

La sentencia ha sido definida como eminentemente política, desproporcionada y propia de un régimen que persigue a quienes piensan distinto.

Dado el deteriorado estado de salud de la Dra. Orozco, la pena de 30 años se traduce en la práctica en una condena de muerte dictada por la maquinaria represiva del chavismo.

La condena subraya la anulación total de la libertad de expresión en Venezuela, donde el disenso, incluso en conversaciones privadas o audios informales, es castigado con la máxima severidad del sistema judicial.

Grupos de derechos humanos y opositores han exigido la inmediata liberación de Orozco, denunciando que su caso ejemplifica el uso de la justicia para silenciar y aplicar represalias políticas.

Con el dictador Nicolás Maduro en el poder, Venezuela vive en una represión muy complicada de corromper. El mandatario ha intimidado a la población, amenazándolos e insitándolos a "acusarse" entre ellos.

Se han documentado miles de casos de personas detenidas por publicar mensajes críticos en redes sociales o por participar en protestas pacíficas. Estas detenciones suelen ir acompañadas de la falta de debido proceso y de tortura o tratos crueles.

La gente viven en un miedo constante a represalias, al arresto y a la pérdida de empleo o beneficios sociales han llevado a la mayoría de los ciudadanos a la auto-censura. La gente evita hablar de política en público o en redes sociales por miedo a ser identificados y castigados por los organismos de inteligencia del Estado.