Una jueza federal en California ha ordenado al gobierno del presidente Donald Trump restablecer temporalmente la financiación para la asistencia legal destinada a miles de menores migrantes no acompañados en Estados Unidos.
La decisión, emitida el martes por la noche por la jueza Araceli Martínez-Olguín, representa un freno, al menos momentáneo, a una reciente política administrativa. La orden entra en vigor este mismo miércoles.
El origen del conflicto legal
El litigio se originó el pasado 21 de marzo, cuando la administración republicana canceló un contrato clave con el Centro Acacia para la Justicia.
Esta organización coordina, a través de una red de grupos subcontratados, la provisión de servicios legales a migrantes menores de 18 años que se encuentran sin padres o tutores en el país.
Jueza ordena al Gobierno de Trump restablecer la asistencia legal a menores migrantes no acompañados https://t.co/H7bASnwDvw
— Observatorio Mexicano de Derechos Humanos (@OMDHAC) April 2, 2025
Once de estos grupos subcontratados (aunque no el propio Centro Acacia) demandaron al gobierno, argumentando que la rescisión del contrato ponía en riesgo la representación legal de unos 26 mil menores vulnerables. Sostuvieron que el gobierno tiene la obligación, bajo una ley contra la trata de personas del año 2008, de asegurar esta asistencia legal.
Fundamentos de la decisión judicial
La jueza federal de distrito Martínez-Olguín, con sede en San Francisco, consideró que los demandantes plantearon “preguntas legítimas” sobre si la administración había infringido la ley de 2008 al cortar los fondos.
Esta duda justificaba, según la jueza, emitir una orden de restricción temporal para retornar al statu quo (es decir, restablecer la financiación) mientras el caso judicial sigue su curso.
A federal judge ordered temporary reinstatement of legal services for unaccompanied migrant minors. https://t.co/DOYB5Fj0ZH
— WPEC CBS12 News (@CBS12) April 2, 2025
La magistrada añadió en su escrito que “el financiamiento continuo de la representación legal para menores no acompañados promueve la eficiencia y la equidad dentro del sistema migratorio”. La orden judicial estará vigente hasta el próximo 16 de abril.
Reveses legales para políticas migratorias
Este fallo judicial marca el tercer revés legal significativo para la agenda migratoria de la administración Trump en menos de una semana, si bien todos podrían ser de carácter temporal mientras avanzan las respectivas demandas.
El pasado viernes, un juez federal en Boston determinó que las personas con órdenes de deportación firmes deben tener una “oportunidad significativa” para argumentar en contra de ser enviadas a un país diferente al suyo.
El lunes, otro juez federal, también en San Francisco, suspendió los planes gubernamentales para terminar las protecciones migratorias para cientos de miles de venezolanos, incluyendo un grupo de 350 mil cuyo estatus legal estaba programado para expirar el 7 de abril.
