El escándalo de la refinería clandestina en Veracruz: ¿Sabía AMLO de su existencia desde 2020?

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue alertado sobre la existencia de una refinería ilegal en el sur de Veracruz desde hace más de cinco años, específicamente en enero de 2020. A pesar de los reportes de inteligencia militar que señalaban su ubicación y la vinculación con el grupo criminal “La Barredora” y un exfuncionario cercano, la planta operó impunemente hasta su reciente desmantelamiento. Este caso, destapado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), plantea serias dudas sobre la efectividad de la estrategia contra el robo de combustible, conocido como huachicol.

Según la investigación de MCCI, informes de inteligencia militar del 8 de enero de 2020 alertaban sobre una planta clandestina en los límites de Veracruz y Tabasco. Los reportes, obtenidos a través de rastreos telefónicos, indicaban que el combustible robado a Pemex era entregado en esta refinería, que estaba operando bajo el control de “La Barredora”, un grupo criminal liderado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco.

Los documentos militares, que incluso incluían un mapa con la posible ubicación de la planta, coincidían con la zona donde, a mediados de junio pasado, las autoridades finalmente realizaron un cateo y aseguramiento. Esto demuestra que el gobierno federal tenía información precisa y oportuna sobre la actividad ilegal, lo que hace aún más inexplicable la demora de cinco años en actuar.

La construcción de esta mini refinería, que comenzó en 2019 en la zona de Coatzacoalcos, fue un proceso gradual y visible. Inicialmente, un terreno cubierto de vegetación, la planta evolucionó con el tiempo, añadiendo bardas perimetrales y una caseta de vigilancia. Esta expansión sugiere una operación a plena vista, que se sentía lo suficientemente segura como para crecer sin temor a ser detenida.

La investigación también destaca una figura clave: Audomaro Martínez Zapata, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Martínez Zapata, general de la Guardia Nacional y amigo personal de López Obrador, estaba a cargo de las primeras pesquisas. Su cercanía con el presidente y la inacción que siguió a los reportes de inteligencia, sugieren una falta de voluntad política para combatir a los responsables.

Además, el líder del grupo criminal, Hernán Bermúdez Requena, fue un alto funcionario en el gobierno de Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y actual coordinador de los senadores de Morena. A pesar de estar prófugo, la aparente impunidad de los involucrados, especialmente la de Bermúdez, resalta los fuertes lazos entre la criminalidad y la política en la región.