Este es el país con el récord mundial de 37 idiomas oficiales

En un planeta donde las lenguas desaparecen a un ritmo alarmante, Bolivia ostenta un récord mundial que es, en sí mismo, un acto de resistencia cultural y política: 37 idiomas oficiales. Más allá del español, el quechua y el aimara, las tres lenguas más habladas, la Constitución de 2009 reconoce y eleva al mismo estatus oficial a otras 34 lenguas de naciones y pueblos indígenas originarios.

Esta decisión transformó a Bolivia sobre el papel en la nación más lingüísticamente diversa del mundo. Sin embargo, este reconocimiento histórico también ha dejado al descubierto el enorme abismo que existe entre el mandato legal y una realidad donde muchas de estas voces luchan por no extinguirse, un desafío que resuena con fuerza en otras naciones de la región, como México.

La lista oficial boliviana presenta una profunda diversidad cultural, a menudo invisible para el resto del mundo. Junto a lenguas con una presencia demográfica significativa como el guaraní, la Constitución protege y reconoce al mojeño-trinitario, al araona, al baure o al yaminawa. Sin embargo, este reconocimiento es también una carrera contra el tiempo.

Muchas de estas lenguas se encuentran en una situación crítica de supervivencia, con comunidades de hablantes que se reducen drásticamente con cada generación. El Canichana, por ejemplo, está prácticamente extinto, con apenas un puñado de hablantes de edad muy avanzada. Para estas comunidades, la oficialidad no es solo un símbolo de estatus, sino una herramienta jurídica y una última esperanza para intentar revitalizar una herencia cultural que está al borde del silencio, financiando programas de educación y documentación antes de que sea demasiado tarde.

La ley exige que al menos dos idiomas, uno de ellos indígena, sean utilizados en la administración pública. No obstante, la implementación de este mandato ha sido lenta y desigual. En la práctica, el español sigue siendo el idioma de facto del poder, la burocracia, la justicia y los negocios.

Mientras que el quechua y el aimara han ganado una visibilidad considerable, el uso real de las otras 34 lenguas en la vida pública es extremadamente limitado, a menudo reducido a traducciones simbólicas en actos oficiales o señalética. La falta de recursos económicos, material educativo y personal capacitado ha impedido que la utopía multilingüe de la Constitución se materialice plenamente en el día a día del ciudadano.

La situación boliviana encuentra un eco potente en México. Aunque no ostenta un récord de “idiomas oficiales”, México reconoce, a través de su Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) de 2003, a sus 68 agrupaciones lingüísticas indígenas como “lenguas nacionales”, otorgándoles la misma validez teórica que al español en su territorio.

Esta ley, un logro surgido tras la presión política del levantamiento zapatista, fue un paso histórico para reconocer la composición pluricultural del país. Sin embargo, a diferencia del caso boliviano, la ley mexicana no convierte a estas lenguas en co-oficiales a nivel federal.

En la práctica, el español mantiene una supremacía legal y administrativa casi absoluta, relegando a las lenguas nacionales a un estatus secundario que depende de iniciativas locales y de la voluntad política regional para su implementación.

La brecha entre la ley y la realidad en México es tan profunda como en Bolivia. A pesar de que millones de mexicanos hablan lenguas como el náhuatl, el maya, el mixteco o el zapoteco, el acceso a servicios básicos como la justicia, la salud o la educación en su idioma materno es una lucha constante y, a menudo, infructuosa.

El Estado, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), promueve la preservación, pero los esfuerzos se ven superados por la discriminación sistémica, la migración y la presión social que obliga a los jóvenes a abandonar sus lenguas para integrarse a una economía hispanohablante.

Al igual que en Bolivia, decenas de lenguas en México se encuentran en alto riesgo de desaparición, con comunidades enteras donde solo los ancianos conservan la memoria de su voz original. La batalla, por tanto, es la misma: evitar que un reconocimiento legal se convierta en el epitafio de una cultura.

Al final, tanto en el altiplano boliviano como en las sierras mexicanas, la encrucijada es idéntica. Las leyes y constituciones son el primer paso, un reconocimiento histórico de una deuda pendiente. Pero la verdadera lucha se libra en las escuelas, en los tribunales y en los hogares.