Cerca del mediodía de este miércoles, colectivos de familiares de personas desaparecidas y ciudadanos en general clausuraron simbólicamente la Cámara de Diputados en la Ciudad de México como protesta por la Ley Espía. Consideran que esta nueva Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, además de la Ley General en materia de Desaparición, abren la puerta a que el gobierno acceda a la ubicación, llamadas, y mensajes de la población, y tenga acceso a datos sensibles de la ciudadanía sin mecanismos de control.
Cabe señalar que familiares de personas desaparecidas en México han levantado la voz y se han manifestado enérgicamente para rechazar la iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Personas Desaparecidas.
Mencionan que la legislación no busca fortalecer los mecanismos de búsqueda y localización, ni garantizar el derecho a la verdad y la justicia para las víctimas. En cambio, su principal apuesta es la creación de la Plataforma Única de Identidad, una herramienta que, según advierten especialistas en ciberseguridad y protección de datos, presenta graves riesgos para los derechos de los ciudadanos, será una Ley Espía.
Colectivos de personas desaparecidas y gente de la sociedad en general clausuraron simbólicamente la @Mx_Diputados en protesta por la #LeyEspía.
— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 2, 2025
Consideran que esta nueva #LeyGeneral del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia abre la puerta a que el gobierno acceda a… pic.twitter.com/JL4tuzwWpy
Ley en materia de Desaparición Forzada amenaza la privacidad de los ciudadanos ¿Ley Espía?
El eje central de la polémica es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que estará estrechamente vinculada a la CURP biométrica. Según críticos de la reforma, esta plataforma permitiría al gobierno obtener y disponer de los datos de prácticamente todos los mexicanos, configurando lo que describen como un “plan de vigilancia digital”.
La preocupación se agudiza al señalar que esta nueva facultad permitiría al gobierno, sin restricciones aparentes, solicitar información de los ciudadanos a una vasta gama de instituciones públicas y privadas. Esto incluye entidades como el INE, bancos, escuelas, clínicas y estaciones migratorias, entre otras.
La principal crítica de los detractores de la reforma es que, lejos de resolver el grave problema de las personas desaparecidas en México, el propósito central de estas modificaciones sería el de concentrar información sobre la ciudadanía.
