El 5 de enero de 2024 marcó un punto de quiebre en la seguridad de Tabasco. Mientras la entidad ardía bajo ataques del grupo criminal La Barredora y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Hernán “N” asistía a su última reunión como secretario de Seguridad en Villahermosa.

Durante la sesión, encabezada por el entonces gobernador Carlos Manuel Merino Campos, la preocupación parecía centrarse más en las repercusiones políticas que en la grave crisis de violencia. Horas después, Hernán “N” presentó su renuncia, con declaraciones triunfalistas que fueron reproducidas por medios locales.

Un cargo sostenido a pesar de la violencia

La salida de Hernán “N” no fue inmediata tras los múltiples episodios de inseguridad. Incluso después de una noche de terror en la que intentaron asesinarlo, el funcionario permaneció en el cargo.

La violencia en el estado, marcada por balaceras, asaltos, narco bloqueos y asesinatos, no fue suficiente para provocar su destitución. De acuerdo con analistas y líderes políticos, su permanencia respondió al respaldo de la élite gobernante encabezada por Adán Augusto López.

Críticas y cuestionamientos por su permanencia

Sergio Antonio Reyes, del Colegio de Abogados de Tabasco, señaló que la renuncia fue una salida negociada y no un cese derivado de la crisis. Por su parte, Gerardo Gaudiano, exdiputado de Movimiento Ciudadano, cuestionó la protección política hacia Hernán “N” pese a los señalamientos de vínculos con el crimen organizado.

“Habrá que asumir responsabilidades de haberlos mantenido en cargos clave a pesar de las evidencias”, declaró Gaudiano.

La sustitución y nuevas dudas

Tras su salida, el gobernador interino nombró como sucesor a José del Carmen Castillo, conocido como La Rana, un subalterno cercano a Hernán “N”. El nombramiento despertó sospechas, pues investigaciones lo vinculaban también con el grupo criminal La Barredora.

Castillo apenas duró unos días en el cargo, lo que reforzó la percepción de que existía protección y complicidad en los altos niveles de gobierno.

La renuncia no resolvió la crisis de seguridad en Tabasco. Por el contrario, dejó abiertas preguntas sobre quiénes y cómo deberán responder por los crímenes cometidos en el estado.

Hoy, la sociedad tabasqueña sigue demandando justicia en medio de una ola criminal que continúa afectando la vida cotidiana de miles de ciudadanos.