La promesa de una inversión segura terminó en un fraude millonario, cuando Ury Rafael “N”, de 45 años, fue detenido en Guadalajara tras ser acusado de engañar a varias personas con un supuesto negocio de compra y venta de oro en Nuevo León.
El sujeto logró convencer a sus clientes de que poseía toneladas de oro, pero las promesas de riqueza se convirtieron en denuncias cuando huyó con más de 20 millones de pesos; así operaba el presunto estafador.
De negocio rentable a estafa: Así engañaba a sus clientes en Nuevo León
Todo comenzó en junio de 2022, cuando Ury Rafael “N” se presentó ante inversionistas como propietario de toneladas de oro. Con un discurso convincente, aseguró que su negocio generaría grandes rendimientos.
Además, garantizaba la devolución del capital junto con jugosas ganancias. Las víctimas, atraídas por la oportunidad, realizaron transferencias bancarias que, en total, sumaron 20 millones de pesos.
Al principio, todo parecía marchar bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, el acusado comenzó a esquivar preguntas, retrasar pagos y evitar el contacto con los inversionistas, por lo que pronto las señales de alerta se encendieron.
Estafador huye a Guadalajara y lo detienen
Al ver que no obtenían respuesta ni recuperaban su inversión, las víctimas optaron por denunciar el caso, aunque para su sorpresa el presunto estafador ya había logrado huir de la entidad.
Tras una investigación, las autoridades lograron ubicar a Ury Rafael “N” en Guadalajara, Jalisco, por lo que detectives especializados ejecutaron su captura y lo trasladaron a Nuevo León, donde quedó internado en un Centro de Reinserción Social Estatal por el delito de fraude.
¿Cómo se castiga el fraude en Nuevo León?
El delito de fraude está contemplado en el Código Penal de Nuevo León y se entiende como a quien, mediante engaño o aprovechándose del error en que se encuentre otra persona, obtenga ilícitamente un bien o genere un lucro indebido para sí mismo o para un tercero.
Este delito puede castigarse con penas de cárcel y multas económicas, aunque varía dependiendo del monto defraudado y de la afectación a las víctimas.
En casos de gran escala, como este, la pena puede ser severa, como de cinco a doce años de prisión y una multa de cincuenta a doscientas cuotas, cuando el valor de lo defraudado supere seiscientas cuotas.
