Mafia en el IMSS: Fingen ser cónyuges de personas fallecidas para robar su pensión

Una operación criminal que actúa en las sombras ha sido identificada dentro de las instituciones de seguridad social del país, específicamente en organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta organización delictiva, descrita como una “mafia”, se especializa en la substracción ilícita de los fondos de ahorro para el retiro (Afores) y las prestaciones económicas de las personas que han muerto, dejando en un estado de desamparo financiero a cientos de familias que son legítimas beneficiarias.

La maquinaria de este esquema de desfalco involucra a empleados con acceso privilegiado a la información sensible. Estos individuos, quienes forman parte de la red de corrupción, emplean las bases de datos internas para detectar las cuentas de jubilación que quedan sin reclamar, ubicando las pensiones que están, en esencia, “a la deriva”.

El objetivo predilecto de esta estructura son las parejas que compartían su vida en la figura de concubinato, sin haber formalizado un matrimonio legal. La dificultad inherente a la demostración de esta relación ante las dependencias gubernamentales crea una ventana de oportunidad perfecta para los perpetradores del fraude.

Los testimonios de los afectados ilustran la magnitud del problema. La señora Josselin Pradi Castro relató la sorpresa de ser notificada de que el pago que le correspondía ya había sido adjudicado a otra mujer que supuestamente era la cónyuge de su difunto esposo. “Me indicaron que esa prestación ya estaba asignada a la esposa de mi difunto marido, y hasta donde tengo conocimiento, esa persona soy yo”, expresó Pradi.

Otro caso es el del doctor Manuel Morales, quien al revisar los documentos de su cuenta de ahorro, descubrió que su Afore ya se encontraba totalmente vacía. Cuando inquirió sobre la situación, se le informó que un supuesto viudo ya había retirado tanto el monto de la pensión como el total de los ahorros. La pareja del doctor Morales fue hospitalizada el día 6 de noviembre, permaneció intubada durante 22 días a causa de complicaciones, y falleció el día 23. El doctor indicó que había tenido que “justificar” y “hacer la validez” de su concubinato ante el instituto.

Para el doctor Morales, el proceso de acreditar el concubinato ante el Instituto era un trámite largo y complejo, el cual se debía realizar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Este proceso, según sus estimaciones, tiene una duración de cuatro a cinco años. Es precisamente durante este extenso periodo de comprobación que la organización criminal actúa con rapidez para generar papelería apócrifa. El mecanismo de la banda incluye la falsificación de certificados de matrimonio para justificar el cobro indebido de los recursos.

En el caso del Dr. Manuel, el documento de enlace matrimonial que sirvió para efectuar el fraude sí aparecía registrado en el sistema oficial. No obstante, al solicitar una investigación en el Registro Civil de Arcos de Belén, se le comunicó que ni el libro ni el folio referenciado existían, confirmando que el acta era completamente “inexistente.” Valiéndose de este certificado nupcial espurio y de un pasaporte simulado, los delincuentes lograron apoderarse de un millón y medio de pesos pertenecientes a la cuenta de retiro de su pareja.

La red cuenta con individuos específicos para ejecutar la fase final del robo: otras personas que se hacen pasar por los cónyuges de los fallecidos son los encargados de obtener las prestaciones y los Afores. Josselin Pradi identificó a una de las facilitadoras, una mujer llamada Úrsula Pompa Huerta, quien era utilizada para estos fines.

Los fondos robados eran transferidos a su cuenta bancaria, utilizando como referencia el número de seguridad social del derechohabiente fallecido. Aunque la corrupción parece no tener un punto final, existe una investigación activa. Desde 2019, la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR) ha estado a cargo de un expediente que, de ser desmantelado en su totalidad, podría exponer un extenso entramado de corrupción que opera impunemente en el corazón del sistema de salud pública.