La Cámara de Diputados se prepara para discutir una iniciativa de Morena que busca castigar la extorsión, pero que ha encendido alertas entre la oposición por su redacción ambigua, que apunta un posible intento de censura.
Una reforma que podría imponer mayores sanciones a los periodistas que a los mismos extorsionadores, cuya ambigüedad abre la posibilidad de limitar a medios que cuestionan al régimen.
¿De qué habla la nueva ley contra la extorsión?
La iniciativa, ya aprobada en el Senado con apoyo de Morena y sus aliados, modifica el artículo 17, fracción quinta, para establecer que el delito de extorsión “también se presenta cuando se transmitan imágenes, voz, datos o información de cualquier naturaleza, por cualquier medio electrónico”, incluyendo internet, teléfono, radio, televisión o redes sociales.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, advirtió que la medida podría aplicarse de manera arbitraria: “Se abre la posibilidad a que expresiones de un periodista, de alguien entrevistado o de un analista sean consideradas extorsión”.
La oposición considera que esta ley podría ser un intento de control y censura sobre los medios de comunicación. Moreira señaló: “Es un riesgo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de información”.
Además, la iniciativa prevé penas mayores para quienes informen por medios electrónicos que para los verdaderos extorsionadores, lo que ha generado preocupación sobre la proporcionalidad de la ley.
¿Cuándo se discute en la Cámara de Diputados?
La polémica ley contra la extorsión será debatida en los próximos días en la Cámara de Diputados, aunque se espera que se apruebe por mayoría de Morena.
Para la oposición, el partido en el poder busca controlar la información que circula en medios y plataformas digitales, limitando críticas y cubriendo posibles crisis internas del gobierno.
Rubén Moreira enfatizó: “Hay una crisis dentro del gobierno y está sobre reaccionando donde no debe, atacando a la prensa en lugar de atender los problemas reales de seguridad”.
El debate promete ser intenso, ya que la iniciativa combina la intención legítima de combatir la extorsión con un alcance que podría afectar la libertad de expresión y la labor periodística en México.
