Detenciones con golpes y engaños: acusan uso desmedido de fuerza en la marcha

Mientras integrantes del llamado “bloque negro” celebran y capitalizan mediáticamente su presencia en la reciente manifestación, del otro lado se encuentran quienes, según sus testimonios, se convirtieron en chivos expiatorios.

Entre ellos está Gabriel, un joven que asistió el sábado pasado para tomar fotografías y terminó acusado de tentativa de homicidio.

De acuerdo con su relato, al finalizar la movilización fue interceptado por elementos policiales sin que mediara explicación. Afirma que lo jalonearon, lo colocaron en una fila rodeada de agentes equipados con casco y armaduras, y lo golpearon repetidamente sin que hubiera resistencia de su parte.

Según Gabriel, las agresiones fueron directas y sin límites, y asegura que los oficiales mostraron un uso excesivo de la fuerza.

El abogado de Gabriel, Ricardo Colorado, sostiene que durante la detención se vulneraron los derechos fundamentales de su cliente. Asegura que la Policía lo engañó al decirle que solo lo llevarían a resguardarlo, pero en realidad —según su versión— fue sometido a agresiones físicas y psicológicas antes de ser privado de su libertad.

De acuerdo con la defensa, estas irregularidades reflejan fallas al debido proceso judicial y un manejo inadecuado de los protocolos de actuación en manifestaciones públicas.

Colorado insiste en que Gabriel no pertenece a grupos violentos ni al bloque negro, y que las acusaciones en su contra carecen de sustento.

Aunque Gabriel ya fue liberado, su situación legal continúa activa. Deberá firmar periódicamente como parte de las medidas impuestas mientras sigue su proceso judicial. Otros tres jóvenes no tuvieron la misma suerte.

Quetzal, Arturo y Francisco permanecen recluidos en el Reclusorio Norte, también acusados de tentativa de homicidio. Su abogado asegura que los tres son inocentes y que, al igual que Gabriel, no forman parte de grupos de choque ni de quienes agredieron a policías durante la marcha. Afirma que se trata de detenciones basadas en perfiles equivocados y un intento por presentar responsables ante la opinión pública.

Los detenidos insisten en su inocencia y anhelan recuperar su libertad sin condiciones. Sin embargo, aseguran temer que exigir paz y seguridad al gobierno pueda convertirse en un delito. La defensa sostiene que estos casos muestran un patrón preocupante: ciudadanos que acuden a manifestaciones pacíficas terminan criminalizados en el contexto de enfrentamientos protagonizados por otros grupos.

La situación de los cuatro jóvenes mantiene el foco sobre los métodos policiales y la atención al debido proceso en escenarios de protesta social.