La situación de la prensa mexicana se encuentra en uno de sus momentos más críticos en décadas. Según datos de Artículo 19, desde 2018 hasta la fecha se han registrado 47 periodistas asesinados, lo que convierte a México en el país más letal para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, superando incluso a territorios en conflicto como Siria o Ucrania.
Pero la violencia no es el único riesgo: el uso del aparato judicial para intimidar y censurar se ha convertido en una nueva forma de ataque directo contra la libertad de expresión.
México se ha convertido en una espiral de violencia y censura
La administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador instauró en sus conferencias diarias el segmento llamado “Quién es quién en las mentiras”, donde se señalaba a periodistas críticos como difusores de falsedades. La actual presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido esta estrategia, consolidando un clima de hostilidad hacia la prensa.
A la violencia física ahora se suma la presión legal. En estados como Puebla, una ley ambigua contra el “ciberacoso” otorga a funcionarios un poder desmedido para sancionar publicaciones que consideren ofensivas en redes sociales.
En Campeche, tres periodistas (Carlos Martínez, Abram Martínez y Hubert Carrera) fueron obligados a disculparse públicamente con la gobernadora Layda Sansores por su cobertura crítica. En Tamaulipas, el columnista Héctor de Mauleón tuvo que retirar un artículo donde revelaba vínculos de corrupción con una aspirante a jueza.
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El avance del control de Morena sobre el Poder Judicial
Pero la ofensiva contra la prensa no se limita a casos aislados. La elección de nuevos jueces en junio, muchos de ellos cercanos al partido gobernante, consolidó un poder judicial más politizado. Según un mensaje publicado en redes sociales por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente López Obrador, la renovación en los tribunales hará “más fácil demandar a periodistas”, lo que confirma un escenario de mayor hostigamiento legal.
Por su parte, organismos internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), UNESCO y Reporteros Sin Fronteras han exigido que el gobierno mexicano rinda cuentas por los asesinatos y las demandas judiciales que buscan silenciar a comunicadores.
No solo periodistas: también ciudadanos son perseguidas en México
La intimidación no se dirige exclusivamente contra medios de comunicación. Casos recientes muestran cómo figuras políticas como Gerardo Fernández Noroña y Diana Karina Barrera han emprendido acciones legales contra ciudadanos comunes por comentarios en redes sociales, expandiendo la amenaza a la libertad de expresión de la sociedad civil.
El deterioro del panorama para periodistas y ciudadanos críticos refleja un país donde la democracia se ve amenazada por la combinación de violencia y judicialización de la disidencia. Mientras los ataques físicos dejan muertos y heridos, los juicios estratégicos buscan sepultar la crítica bajo un mar de demandas.
