Sigue conflicto por la Ley de Aguas: oposición acusa al gobierno mexicano de querer el “control total”

El conflicto que rodea a la propuesta de la Ley de Aguas dejó de ser una queja solo de agricultores para convertirse en un debate público y político con el Gobierno de México.

La Jefa del Ejecutivo cuestionó públicamente si la oposición estaba a favor del acaparamiento del agua. El diputado priista Rubén Moreira respondió señalando que, en ese caso, la autoridad federal debería identificar quiénes son los acaparadores y si su acción es legal o ilegal.

Rubén Moreira fue más allá en su crítica, denunciando que la iniciativa viola el Artículo 27 constitucional.

El diputado afirmó que la Constitución establece que el agua que se acumula por la lluvia es propiedad de las personas. Sin embargo, acusó a la nueva ley de exigir permisos para este recurso, lo que, en su opinión, contradice la Carta Magna y demuestra una intención de controlar hasta el agua pluvial.

El sentimiento general de la oposición es que el Gobierno de México busca adueñarse del poder que otorga el control total del agua.

El diputado del PAN, Francisco Pelayo, advirtió que la ley omite las necesidades específicas del uso pecuario, agrícola y acuícola. Pelayo aseguró que la ley centraliza y pretende mandar la transmisión de derechos a un fondo, donde, a discreción, se tomarán decisiones políticas sobre la asignación del agua.

Uno de los puntos que más enojo ha generado en el sector agropecuario es la dureza de las sanciones propuestas en la ley.

Francisco Pelayo ejemplificó que si un ganadero necesita llevar agua en una pipa debido a la sequía en su pozo, podría ser sujeto a una pena de hasta 12 años de prisión, al considerarse que está sacando provecho del recurso. Esto ha agudizado la inconformidad del sector, que ve la ley como una amenaza directa a su supervivencia.

Ante la postura del Gobierno de México, que parece desestimar las protestas como defensa de privilegios, la oposición insiste en que la inconformidad es generalizada y legítima.

José Elías, coordinador de diputados del PAN, enfatizó que el Gobierno tiene que entender que “no es perfecto” y que “en todo el país hay gente inconforme” con una iniciativa que ven como un abuso de poder y una violación a los derechos de los productores y ciudadanos.