Desde Palacio Nacional, la mentira se repite: en México no hay censura. Los periodistas somos libres, dicen. Pero esa farsa se desmorona día a día ante los ojos de quienes escribimos, preguntamos o denunciamos, pues hoy un tuit puede enviarte directo a la lista negra del INE.

Como si no fuera suficiente que México concentre casi una quinta parte de los periodistas asesinados en todo el mundo, pues ahora tenemos que ser testigos de cómo funcionarias, con un chasquido de dedos, usan sus mañas para pervertir la ley. El recurso de “violencia política de género” se ha transformado en un arma letal para perseguir, silenciar y castigar a quienes informan. A mí como mujer me da vergüenza que el periodismo, lejos de ser protegido, está siendo atacado bajo el falso argumento de “defender a las mujeres”, usando esa noble causa como un bozal legal.

La nueva censura en México está disfrazada de violencia política de género: cinco ejemplos

  1. La columnista Laisha Wilkins se refirió a la entonces candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Dora Alicia Martínez, como “Dora la Censuradora”. Esto le costó una denuncia bajo el argumento de violencia política de género.
  2. Héctor de Mauleón, reconocido por sus columnas en El Universal y por sus investigaciones sobre crimen organizado y corrupción, dio a conocer que fue notificado por el Instituto Electoral de Tamaulipas por presunta violencia política de género, además le exigieron bajar su columna donde denuncia los nexos de Tania Contreras, entonces candidata en la elección judicial, con un líder del robo de gasolina de la entidad.
  3. La ciudadana Karla María fue censurada y obligada a disculparse durante 30 días por haber insinuado que la candidatura de la diputada Diana Karina Barreras era un caso de nepotismo por su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna (¿cómo creen que no?). La diputada la denunció ante el TEPJF y este determinó que su tuit constituía violencia política de género. La sanción impuesta incluyó una multa económica, la obligación de dar disculpas públicas diarias durante 30 días en sus redes sociales y la inscripción de su nombre en el padrón de agresores del INE por 18 meses.
  4. El portal de noticias Acapulco Trends acusó directamente a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de utilizar el argumento de “violencia política de género” como pretexto para silenciar una investigación que señala un desvío de dinero de 898 millones de pesos en su gobierno. La supuesta imposición del Tribunal sería obligar al medio a disculparse “durante 15 días consecutivos” ante la alcaldesa y una multa de hasta 22 mil pesos.
  5. Y el que me parece más grave: Una jueza en Campeche resolvió que el periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna tienen prohibido hablar sobre la gobernadora Layda Sansores, y va más allá: exige que un interventor judicial revise y apruebe previamente cada nota, comentario o programa antes de su publicación.

¿Qué clase de justicia exige disculpas públicas diarias por un tuit? ¿Qué libertad queda cuando un periodista no puede escribir una sola palabra sin la aprobación de un juez? ¿Qué clase de democracia convierte el padrón de agresores en una lista de críticos del abuso del poder?

Estamos presenciando el nacimiento de una nueva censura: legal, fría y disfrazada de defensa. La ley, que debería ser el escudo de las mujeres vulnerables, se ha convertido en un cuchillo contra la crítica. La verdad ya no solo es un riesgo que puede hacer que te maten, sino que ahora es un delito que también te manda a una lista negra.