Lo que comenzó como un rumor ha sido confirmado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum: Alejandro Gertz Manero dejará la Fiscalía General de la República (FGR) no por una falta grave, sino para aceptar un puesto diplomático ofrecido por el Ejecutivo. Esta maniobra ha encendido las alarmas entre juristas y opositores, quienes acusan una violación a la Constitución para imponer un "Fiscal a modo".

¿Qué dice el artículo 102 de la Constitución tras la renuncia de Gertz Manero?

El Apartado A del Artículo 102 constitucional es contundente respecto a la permanencia y salida del Fiscal General. El legislador diseñó este cargo para durar nueve años, transexenalmente, precisamente para evitar que el Fiscal fuera un subordinado del Presidente en turno.

El texto establece textualmente las únicas vías de salida:

“El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley... La renuncia del Fiscal General solo procederá por causa grave y deberá ser aceptada por el Senado”. Como es el caso de enfermedad o incapacidad. La Constitución impuso el candado de la "causa grave" para proteger a la institución. Se buscaba evitar dos escenarios:

  1. Que el fiscal renuncie por capricho o por "mejores ofertas laborales".
  2. Que el presidente presione al fiscal para renunciar si no se alinea a sus intereses.

¿Por qué es inconstitucional la renuncia de Gertz Manero según el artículo 102?

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum detalló la negociación política que facilitará la salida del Fiscal, quien constitucionalmente tenía un mandato de 9 años, se encendieron las alarmas de una violación a la propia Carta Magna.

"Le ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decidir a dónde. Se va a ir... pero aceptó el fiscal", declaró Sheinbaum.

Expertos advierten que "cambiar de trabajo" o aceptar una embajada no constituye una causa grave. Al forzar esta figura, el gobierno estaría violentando la autonomía de la Fiscalía, utilizando cargos diplomáticos como moneda de cambio para remover a un funcionario que debería ser independiente del Poder Ejecutivo.