La reforma a la Ley de Amparo ha abierto un intenso debate sobre si realmente fortalece el acceso a la justicia o si, por el contrario, le otorga al gobierno un margen de acción sin contrapesos.
Aunque los promotores de la iniciativa aseguran que el Amparo seguirá siendo un escudo para los ciudadanos ante abusos de autoridad, los especialistas no comparten ese optimismo.
El constitucionalista Raúl Andrade advierte que el nuevo marco no está diseñado en beneficio del pueblo, sino del poder.
“Me parece que no está enfocado en interés del pueblo sino en relación a que lo que la autoridad pueda hacer sin que exista algo que los detenga”, señaló.
Los límites ocultos del amparo ciudadano
La reforma plantea cambios sustanciales que, de acuerdo con expertos, podrían debilitar la protección judicial del ciudadano. Bajo el nuevo esquema, el Amparo no operará igual para todos, especialmente en temas sensibles como materia fiscal o el congelamiento de cuentas bancarias, donde las personas afectadas deberán esperar hasta que concluya un juicio para poder acceder nuevamente a su dinero.
“Se está buscando endurecer el amparo con la finalidad de que el gobierno pueda actuar a sus anchas y no exista una garantía, un recurso efectivo, que pare esas acciones”, advirtió Andrade.
Riesgos de la Ley de Amparo: sanciones a jueces que no favorezcan al gobierno
El gobierno defiende la propuesta con el argumento de que hará los juicios más cortos y ágiles. Sin embargo, juristas señalan que esa “eficiencia” se logra limitando el derecho del ciudadano a defenderse. Si un proceso se prolonga actualmente, dicen, es precisamente porque los afectados ejercen su derecho legal a oponerse a los actos de autoridad.
Raúl Andrade subraya otro punto alarmante: el riesgo de sancionar a jueces que emitan resoluciones contrarias al régimen. “Quien no quiera dictar una resolución que convenga al régimen entonces con eso va a ser causa eficiente para correrles un procedimiento de responsabilidad”, explicó.
