El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, anunció la declaratoria de estado de emergencia en Lima y el puerto de Callao por un periodo de 30 días.

La medida responde a la creciente preocupación social por el incremento de robos, extorsiones y hechos de violencia registrados en distintas zonas de la capital,

En un mensaje transmitido por televisión y redes sociales, Jerí señaló que la delincuencia “ha crecido de manera desmesurada”, por lo que esta medida busca recuperar la paz y la tranquilidad en las calles.

Crisis en Perú: En medio de protestas y la destitución de Dina Bolaurte

El anuncio se produce en medio de protestas sociales y una coyuntura política tensa, luego de que el Congreso de la República aprobara una moción contra la expresidenta Dina Boluarte, quien fue destituida por “incapacidad moral permanente”.

Esto, luego de que se le acusara de haberse visto rebasada por el avance del crimen organizado.

José Jerí, quien asumió la presidencia interina tras la destitución de Boluarte, afirmó que su gobierno priorizará la seguridad ciudadana y que el estado de emergencia es una medida necesaria para restablecer el orden.

¿Qué derechos quedan suspendidos durante el estado de emergencia?

De acuerdo con el decreto publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales, entre ellos:

  • La inviolabilidad del domicilio, donde se establecía que nadie puede entrar a una vivienda arbitrariamente.
  • La libertad de reunión y de tránsito, que busca juntarse con otras para manifestaciones, reuniones, asambleas.
  • La libertad individual y la seguridad personal.

Estas restricciones permitirán a las autoridades actuar con mayor rapidez y control en zonas donde se han registrado hechos delictivos y protestas sociales.

En el decreto también establece que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado en lugares críticos, como paraderos y estaciones de metro, instituciones públicas y privadas vinculadas a la seguridad, áreas con alta incidencia delictiva.

Además, policías y militares custodiarán instalaciones públicas, instalarán comandos de campaña temporales y realizarán operativos de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.