La app del delator: Maduro digitaliza la tiranía y pide a Venezuela vigilarse a sí misma

La orden del dictador Nicolás Maduro es escalofriantemente simple y, a la vez, profundamente reveladora. El anuncio de que el sistema VenApp de Venezuela se expandirá para crear una aplicación donde el ciudadano pueda reportar “todo lo que ve, todo lo que oye”, bajo el pretexto de la “defensa del país” contra amenazas estadounidenses, no es una innovación en seguridad nacional. Es la digitalización del aparato de represión.

La petición del dictador es la formalización de una red de informantes a escala nacional, donde la herramienta de control social más antigua de la dictadura recibe una actualización tecnológica.

El anuncio de Maduro, transmitido por la estatal VTV, expone el manual de todo régimen autoritario: primero, se manufactura una amenaza externa existencial, en este caso, el despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe.

Segundo, se invoca la necesidad de una defensa “total”, que involucra a la Fuerza Armada, a las milicias bolivarianas y, ahora, a la ciudadanía. Finalmente, se entrega al pueblo la herramienta para vigilarse a sí mismo. “Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento”, celebró Maduro, refiriéndose a una infraestructura tecnológica que ya ha demostrado su capacidad para el control social.

Nació en 2022 con un rostro amable: una plataforma de “gobierno electrónico” para que los ciudadanos reportaran fallas en servicios públicos, como baches o cortes de agua. Sin embargo, los tentáculos del autoritarismo rara vez se construyen desde cero; con mayor frecuencia, mutan a partir de herramientas cívicas.

La ONG Amnistía Internacional ya denunció en agosto de 2024, tras las controvertidas elecciones presidenciales, que la app estaba siendo utilizada por partidarios del gobierno para denunciar a opositores y a quienes protestaban contra los resultados oficiales, calificándolo como una práctica contraria a los derechos humanos.

Lo que Maduro ha ordenado ahora es la culminación de esa mutación: transformar una app de servicios en un arma de vigilancia masiva. Es un sistema que institucionaliza la paranoia, que convierte al vecino en un potencial agente de contrainteligencia y que desdibuja la línea entre el deber cívico y la complicidad represiva.

La estrategia de Maduro no es única; es la imitación del manual que otros regímenes autoritarios han perfeccionado. El brazo digital es la herramienta de control más eficiente del siglo XXI.

El ejemplo más sofisticado es China. Pekín ha construido el panóptico digital perfecto. Su Sistema de Crédito Social va más allá de la vigilancia. Mediante la recolección masiva de datos, desde infracciones de tráfico hasta publicaciones en redes sociales y hábitos de compra, el Estado asigna a cada ciudadano un puntaje que determina su acceso a préstamos, empleos, escuelas e incluso la capacidad de comprar un billete de avión.

En paralelo, aplicaciones omnipresentes como WeChat actúan como un ecosistema cerrado donde la comunicación, los pagos y la identificación están centralizados y son completamente transparentes para el Ministerio de Seguridad Pública. El Estado no solo vigila; gestiona y moldea activamente el comportamiento.

En Rusia, el control se ejerce a través de la arquitectura de la red. El sistema SORM (Sistema de Medidas de Búsqueda Operativa) obliga legalmente a todos los proveedores de Internet a instalar “cajas negras” que proporcionan al servicio de seguridad federal (FSB) acceso sin restricciones y sin necesidad de orden judicial a todo el tráfico de datos.

Esto se complementa con un agresivo despliegue de tecnología de reconocimiento facial en ciudades como Moscú, utilizada no solo para combatir el crimen, sino para identificar y arrestar sistemáticamente a manifestantes antigubernamentales, como se vio tras la muerte de Alexei Navalny.

Incluso Corea del Norte, aunque tecnológicamente más aislada, opera bajo un sistema de vigilancia social que Maduro ahora busca emular. El régimen de Kim Jong Un se basa en los inminban, o “unidades vecinales”.

Cada inminban (compuesto por 20 a 40 familias) tiene un líder designado por el Estado cuya función principal es monitorear a los miembros de la unidad, registrar visitantes y reportar cualquier actividad sospechosa o comentario “desleal”. La VenApp de Maduro es, en esencia, la digitalización del inminban: un intento de convertir a millones de venezolanos en los ojos y oídos del palacio de Miraflores.

Los tentáculos del autoritarismo no son exclusivos de las dictaduras consolidadas. En democracias iliberales o híbridas, como México, el control se ejerce de formas más sutiles, pero con el mismo objetivo: neutralizar la disidencia, controlar la narrativa y consolidar el poder.

En México, el Estado no necesita (ni podría implementar) un Sistema de Crédito Social al estilo chino. Sus tentáculos operan en la opacidad. El escándalo de Pegasus es el ejemplo más claro. En lugar de pedir a los ciudadanos que se espíen entre sí, el propio Estado ha adquirido y desplegado ilegalmente uno de los programas de espionaje más potentes del mundo para infiltrar los dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

Es un tentáculo que perfora la privacidad para extraer información y generar miedo.

Otro tentáculo, quizás más efectivo que el espionaje directo, es el del control burocrático y financiero. En México, esto se ha conocido como “terrorismo fiscal”. Consiste en el uso selectivo y discrecional de las agencias de recaudación de impuestos (como el SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para iniciar investigaciones, congelar cuentas o auditar a figuras críticas del gobierno.

No se necesita un pelotón de fusilamiento si se puede asfixiar financieramente a un adversario, a un medio de comunicación independiente o a una organización civil. La ley se convierte en un arma de persecución política.

Finalmente, está el tentáculo del control narrativo. A través de la asignación masiva y discrecional de publicidad oficial, el gobierno federal puede premiar la lealtad de los medios de comunicación afines con millones de pesos en contratos, mientras castiga a la prensa crítica retirándole toda pauta. Esto no es censura directa, es un mecanismo de mercado pervertido que fomenta la autocensura y garantiza que la voz predominante en el espectro radioeléctrico y en el papel impreso sea la del oficialismo.

La orden de Nicolás Maduro de crear una “app delatora” es una exhibición descarada de la lógica autoritaria. Demuestra que, independientemente de la ideología o la geografía el objetivo final del poder sin contrapesos es el mismo: la erradicación del espacio privado.