Cd. de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos.
Propone endurecer las sanciones a las gasolineras que roben combustible a los consumidores y que despachan litros incompletos.
Para ello, el presidente propone revocar permisos de operación a los concesionarios que reincidan en la venta de litros incompletos y de mala calidad y alteren los sistemas, ductos y equipos expendedores.
La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos también prevé facultar a la secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar permisos a los titulares que cometan el delito de contrabando de hidrocarburo, petrolíferos o petroquímicos.
López Obrador además propone suspender los permisos otorgados al sector privado para la importación de hidrocarburos. cuando se considere que existe un riesgo para la seguridad nacional, energética y la economía.
Propone cancelar permisos de importación a privados
También dispone que cuando se cancelen estos permisos a los privados, la autoridad energética se hará cargo de la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, el transporte, almacenamiento, distribución comercialización y expendio al público, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y no se afecte a los consumidores.
La propuesta del Ejecutivo plantea elevar a rango legal las disposiciones normativas de la Política de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos y que los permisos que se otorguen a Pemex, a otras empresas productivas del Estado y a particulares queden sujetos a que los interesados demuestren que cuentan con capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía.
Se propone cambiar el sentido de la afirmativa ficta en solicitudes de permiso de almacenamiento para que ante la falta de respuesta en 90 días naturales, por parte de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Hidrocarburos no se entienda como favorable sino negativo.
El objetivo es evitar el riesgo de otorgar permisos a particulares que puedan ser desfavorables para la seguridad energética, la economía nacional y para la sociedad.
