Sin justicia ni ayuda psicológica: Muere uno de los sobrevivientes del caso Ayotzinapa

Jonathan Maldonado Hernández, uno de los normalistas que sobrevivieron a los ataques de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, murió la semana pasada en un hospital del Estado de México (Edomex).

Su muerte fue confirmada por el Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa, que denunció el abandono total por parte de las autoridades, esas mismas que les prometieron a los familiares la famosa “verdad histórica”.

Jonathan era estudiante de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. En la fatídica noche donde desaparecieron 43 jóvenes, recibió un disparo que le hizo perder varios dedos de la mano derecha.

Desde entonces vivió con secuelas físicas, emocionales y psicológicas y aunque contribuyó con su testimonio a esclarecer los hechos, Jonathan fue dejado en el olvido por el gobierno, denunció el colectivo.

Según el comunicado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) le negó el acompañamiento psicológico y psiquiátrico que solicitó desde 2014.

En la denuncia escrita, el colectivo señaló que tras la muerte del normalista, las autoridades se comprometieron a pagar los gastos funerarios, pero una vez más todo quedó en palabras.

El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes se trasladó a Iguala para tomar unos autobuses y asistir a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México. Sin embargo, fueron interceptados por policías municipales, con la participación de otras corporaciones y miembros del grupo criminal “Guerreros Unidos”.

A más de 10 años de los hechos, los sobrevivientes de Ayotzinapa continúa sin justicia. Aunque se han iniciado procesos penales contra 151 personas implicadas, entre ellas, el exprocurador Jesús Murillo Karam, no existen aún resultados concluyentes.

Este miércoles 14 de mayo, la Fiscalía General de la República detuvo a Lambertina Galeana Marín, exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por su presunta participación en el encubrimiento de los hechos.

La mujer fue señalada de ordenar la destrucción de grabaciones captadas por seis cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, imágenes clave para la reconstrucción de lo sucedido.

El gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” prometió esclarecer el caso y calificó lo ocurrido como un “crimen de Estado”, pero hasta ahora no se ha logrado la localización de todos los estudiantes desaparecidos.

Por mucho tiempo se manejó la versión de que los 43 estudiantes fueron secuestrados por el grupo criminal Guerreros Unidos, incinerados en un basurero y que sus restos fueron arrojados al río San Juan.

Nuevas investigaciones revelaron la participación directa y el encubrimiento por parte de elementos del Ejército, corporaciones policiales y autoridades civiles. A casi 11 años de los hechos, los familiares siguen exigiendo justicia con el lema: “¡Aún nos faltan 43!”