Regulación de despojos abre la puerta a grupos criminales en la CDMX
La iniciativa de reforma aprobada por el Congreso de la CDMX busca prohibir los desalojos en situaciones de emergencia. ¿Qué representa esto para la ciudadanía?
La legalidad y la propiedad privada en la Ciudad de México están en riesgo ante el avance de grupos organizados que, disfrazados de movimientos sociales, se dedican a la invasión y desalojo violento de inmuebles. Pero lo preocupante, es que estos grupos, que llevan décadas operando en la capital, podrían fortalecerse con una nueva iniciativa legislativa en el Congreso local para la regulación de despojos.
El negocio del despojo
Una investigación encubierta reveló la forma en que operan estos grupos, que ofrecen sus servicios en las inmediaciones de los juzgados civiles de la ciudad. Una tarjeta publicitaria anuncia “lanzamientos y embargos”, mientras que en audios captados con cámara escondida, se evidencia cómo estos grupos proveen desde cerrajeros y grúas hasta “cargadores” y “veladores” para asegurar los predios ocupados.
Las tarifas varían: 400 pesos por “cargador”, mil pesos por “velador”, y el servicio de cerrajería incluido. Sin embargo, si los habitantes se resisten, la violencia es parte del paquete. “Si se oponen o se quieren volver a meter, pues ya hay trancazos”, afirma un operador en los audios obtenidos.
Las personas afectadas describen la brutalidad de los desalojos. “Llegaron rompiendo cámaras y abriendo por la fuerza la puerta. Nos dieron 10 minutos para sacar nuestras cosas”, relata Jaime Maldonado, una de las víctimas de estos actos ilegales. Otros testimonios hablan de la irrupción violenta, el miedo y la impotencia ante la falta de respuestas de las autoridades.
Una reforma legislativa que podría facilitar las invasiones
La preocupación aumenta ante una reciente iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México que busca reformar la Ley Constitucional de Derechos Humanos. La propuesta plantea prohibir desalojos en situaciones de emergencia y evitar que estos afecten “de manera desproporcionada” a grupos vulnerables. Sin embargo, expertos advierten que la ambigüedad en la redacción podría ser aprovechada por organizaciones criminales para legalizar invasiones y despojos.
El fraude documental es otra de las herramientas utilizadas por estos grupos. Eugenio Castañeda, titular de la Notaría 211 de la CDMX, explica que los documentos notariados deben contar con medidas de seguridad emitidas por el Colegio de Notarios. Sin embargo, el uso de documentos falsificados es una práctica común en estos despojos.
La combinación de estos factores: violencia organizada, fraude documental y legislación ambigua, pone en riesgo la certeza jurídica de los inmuebles en la capital. La ciudadanía y las autoridades deben mantenerse alerta para evitar que la propiedad privada quede indefensa ante el crecimiento de estas prácticas ilegales.
