¿Ministerio Público VIP? Noroña declara mientras ciudadanos esperan meses

El episodio ocurrido en el Senado no solo exhibió la confrontación entre legisladores, sino también un trato desigual que lastima a los ciudadanos de a pie.

Mientras miles de personas deben esperar horas o incluso meses para que el Ministerio Público atienda sus denuncias, al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y a su colaborador, les bastó un altercado en tribuna para recibir atención inmediata y personalizada.

Al terminar la sesión marcada por el enfrentamiento entre Alejandro Moreno y Fernández Noroña, se informó que el propio Ministerio Público acudió hasta la oficina del legislador y su equipo para tomar declaraciones.

Un servicio VIP que cualquier ciudadano común difícilmente podría imaginar. El proceso se resolvió en minutos, sin filas, sin turnos, sin papeleo interminable.

En contraste, basta con recorrer cualquier agencia del Ministerio Público en el país para escuchar las historias de víctimas que pasan cinco, seis o más horas esperando, solo para que alguien tome su declaración. Hay quienes deben regresar durante varios días, acumular carpetas de investigación y aún así ver cómo sus casos se empolvan sin respuesta.

Testimonios abundan: denuncias por abuso infantil que tardan días en procesarse, casos de violencia familiar con carpetas olvidadas durante meses, e incluso agresiones físicas que se repiten una y otra vez porque la autoridad nunca actúa. Para el ciudadano común, la justicia llega tarde, o simplemente nunca llega.

Mientras tanto, la llamada “casta política” recibe trato exprés, escoltas legales y acompañamiento de instituciones que deberían servir a todos por igual. El contraste es insultante: a unos los atienden en sus oficinas; a otros los mandan a hacer fila y esperar hasta que se cansen.

El caso Noroña no solo revela un Senado crispado por los enfrentamientos políticos, sino también un sistema judicial de dos velocidades: rápida, cómoda y eficaz para los poderosos; lenta, indiferente y desgastante para los ciudadanos.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿en qué momento el Ministerio Público decidió dejar de servir al pueblo para convertirse en un despacho privado de la clase política?