El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, delito que, para quienes lo viven, es peor que la muerte. No saber si su ser querido vive o ha fallecido, no tienen resignacion ni duelo.

Viven con la incertidumbre, si sufre, si pasa frío, si comió o si sus restos yacen en el olvido en algún lugar solitario.

Es una realidad que en México han experimentado más de 128 mil familias. Mas de 7 mil 400 solo en lo va de enero a junio de este año...

Graciela sufrió la desaparición de su esposo en 2022, en Jardines de Morelos, Ecatepec, Estado de México, no pierde la fe, pero no ha encontrado respuesta en las autoridades.

“No tengo trabajo, no duermo, estoy enferma, igual que mi hija también, se acabaron los fines de semana de reuniones y de paz”.

Al igual que al señor Roberto Vázquez, quien tiene en su casa y en su corazón el vacío que dejó su hijo Roberto al desaparecer.

Hace mas de dos años y siete meses salió de Celaya hacia Bacalar, Quintana Roo, y no supo mas de él.

“Imaginese lo que es vivir así que no podemos estar todos, los días allá en Quintana Roo, es difícil y aparte con miedo porque mientras lucha uno más le conocen a uno”, señala.

La desaparición es un flagelo que parece imparable en el país, ante la indolencia de las autoridades.

Por eso miles de personas marcharan este fin de semana en la Ciudad de México para recordarle al mundo que esto no es normal.

Y que tampoco es normal que no reciban la atención de quienes estan obligados a garantizar la vida y la seguridad de todos los mexicanos.

Tenemos una impunidad en México terrible y una grave muestra es estas desapaciones forzadas en las cuales hay desaparecidos, pero no hay responsables.

Demandas contra México por desapariciones ante la ONU

En el marco de esta fecha, la organización Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras presentaron dos nuevas denuncias ante la ONU por la desaparición forzada de periodistas en México.

A unas horas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la ONG mexicana Propuesta Cívica presentaron dos denuncias contra el Estado mexicano ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en relación con la desaparición de periodistas.

Las comunicaciones denuncian la desaparición forzada de dos profesionales de la información y ponen en relieve las deficiencias sistémicas del sistema de investigación del país, que fomentan la impunidad de los delitos contra los periodistas en un país azotado por la violencia generalizada contra la prensa.

En México, al menos 28 periodistas han desaparecido, la mayoría de ellos desde hace casi dos décadas, sin que se tenga información sobre su paradero o su suerte.

¿Quiénes son los periodistas desaparecidos?

Las denuncias solicitan al Comité que admita los casos de María Esther Aguilar Cansimbe, desaparecida en Michoacán en 2009, y José Antonio García Apac, desaparecido en Michoacán en 2006, que reconozca la responsabilidad de México en su desaparición forzada y que determine las violaciones de sus derechos a la vida, la integridad, la libertad, el reconocimiento legal y la libertad de expresión, así como los derechos de sus familias.

“Estos casos demuestran que la desaparición forzada de periodistas sigue siendo una herida abierta en México. La inacción del Estado y la impunidad rampante han dejado a las familias desoladas, sin verdad ni justicia. Llevar los casos de María Esther Cansimbe y José Antonio Apac ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU es una oportunidad para que finalmente se rindan cuentas por sus desapariciones, responsabilizando a México en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Antoine Bernard, Director de Incidencia y Asistencia de RSF recordó que en las últimas décadas, México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. “Las desapariciones forzadas de la periodista María Esther Cansimbe y José Antonio Apac son ejemplos de la extrema violencia contra la prensa en México y dan testimonio de la grave impunidad que persiste, la ausencia de una política penal pública para investigar diligentemente las violaciones graves y la falta de voluntad del Estado mexicano para castigar estos delitos y evitar que se repitan”.

El acceso a la justicia para las víctimas sigue siendo un camino solitario y tortuoso. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica.Dos periodistas comprometidos María Esther Aguilar Cansimbe cubría temas de derechos humanos y seguridad pública para los medios impresos El Diario de Zamora y El Cambio de Michoacán.

Desapareció el 11 de noviembre de 2009. Su caso se vio empañado por graves negligencias: no se realizó una búsqueda inmediata, se omitieron pruebas clave y se produjeron retrasos de años en las medidas básicas de investigación. En 2024, un tribunal mexicano reconoció que sus derechos a la justicia y a la verdad habían sido violados debido a esta negligencia, pero las medidas ordenadas por el juez siguen sin aplicarse.

José Antonio García Apac, fundador y editor del semanario Eco de la Cuenca del Tepalcatepec, desapareció el 20 de noviembre de 2006, tras ser supuestamente detenido por las fuerzas de seguridad en Buenavista Tomatlán, una localidad del estado de Michoacán. Los testigos oyeron cómo interrogaban al periodista, al parecer militares, y el ruido de una pelea antes de perder el contacto.

En 2024, dieciocho años después, un juez federal dictaminó que tanto la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como la Comisión Nacional de Búsqueda habían incumplido su deber de diligencia. Las órdenes del tribunal siguen sin cumplirse y sin supervisarse, ya que las autoridades continúan ignorando pistas clave relacionadas con su labor periodística y la posible implicación del Estado en su desaparición.

Todos y cada uno de los casos de periodistas desaparecidos en México han quedado en total impunidad para los responsables. Las investigaciones se han estancado a pesar de que las familias presentaron denuncias en el momento de las desapariciones. La mayoría de los 28 casos de periodistas desaparecidos se produjeron durante la llamada “guerra contra las drogas”, que ha asolado el país durante más de 24 años bajo cuatro gobiernos sucesivos.