Gustavo Ruiz Laparra, quien hace poco ocupaba el cargo de director jurídico de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, fue detenido por los delitos de secuestro y extorsión ocurridos en 2023.

La Fiscalía estatal confirmó su aprehensión y posterior traslado al penal de El Amate, donde quedó a disposición de un juez de control. Pese a esto, la víctima reportada como secuestrada desde hace más de un año sigue sin aparecer.

¿De qué acusan al exdirector jurídico de la Fiscalía de Chiapas?

De acuerdo con fuentes oficiales, el ahora exfuncionario estaría implicado en la privación de la libertad de un joven. En ese tiempo, los responsables exigieron una fuerte suma de dinero a cambio de la libertad de la víctima.

Pese a esto, familiares habrían entregado parte del rescate, pero la persona no fue liberada y hasta la fecha permanece desaparecida.

Las investigaciones apuntan a que Gustavo “N”, en su calidad de servidor público, habría participado de manera directa o indirecta en estos actos, por lo que fue separado de su cargo.

¿Qué sigue para el proceso legal contra Gustavo “N”?

Tras su captura, el exdirector jurídico fue presentado ante el juez que dictó su ingreso inmediato al penal de El Amate, una de las cárceles más conocidas del estado.

A partir de ahora, se espera que las audiencias iniciales permitan conocer con mayor detalle el papel que desempeñó en el secuestro, y si participó activamente.

Las autoridades no han revelado si hay más personas implicadas o si se trata de una red de complicidades dentro del mismo organismo.

Secuestro en Chiapas: ¿Cómo se castiga en la entidad?

El delito de secuestro en Chiapas es uno de los más perseguidos por las autoridades estatales, especialmente si funcionarios están involucrados.

Las penas contempladas en el Código Penal estatal van desde los 15 hasta los 70 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

Cuando se trata de un secuestro agravado, como en situaciones donde la víctima no aparece o el autor es un servidor público, la legislación permite imponer sanciones que alcanzan hasta 80 años de cárcel.